Tras dos jornadas de votación, solo participó un 20,41% de los 19 millones de ciudadanos llamados a las urnas, según cifras de la Oficina Electoral Central, muy por debajo del 30% necesario para validar una consulta que contó con el respaldo del gubernamental Partido Social Demócrata (PSD) y la Iglesia Ortodoxa.
La consulta buscaba enmendar la Constitución para que el matrimonio no se defina, tal como ahora, como la unión entre dos personas, sino entre un hombre y una mujer, con el objetivo de vetar una legalización futura de los enlaces homosexuales.
Rumanía, que despenalizó la homosexualidad en 2001, no reconoce las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La Coalición para la Familia (CpF), la organización cercana a la Iglesia ortodoxa que impulsó el plebiscito, expresó su malestar por la escasa participación y lo achacó a "una campaña de desinformación sin precedentes desde la caída de la dictadura comunista en 1989".
"Todos los llamamientos a votar de las iglesias y cultos religiosos cristianos en Rumanía fueron boicoteados por los partidos políticos, a pesar de las declaraciones oficiales de los líderes", criticó CpF en un comunicado. Esta Coalición recogió tres millones de firmas para someter a votación la enmienda constitucional, algo criticado por ONG por fomentar la discriminación y la homofobia.
La CpF ha llevado a cabo una extensa campaña defendiendo la "familia tradicional", recurriendo incluso a mensajes falsos como: "Si no vas a votar, dos hombres podrán adoptar a tus hijos". El Gobierno alargó a dos jornadas el referendo para ayudar a alcanzar el quórum necesario para dar validez a la consulta.
Tampoco los llamamientos a votar de la iglesia ortodoxa tras la misa del domingo, ni los mensajes de su patriarca, Daniel, han movilizado al numero suficiente de personas para alcanzar el 30% del censo. La críticas al referendo también han llegado de la Comisión Europea (CE), que criticó que se utilizara la defensa de la familia tradicional para restar derechos a las minorías sexuales.
El fracaso del referendo supone un varapalo para los socialdemócratas, que pretendían así cimentar su apoyo entre sus bases rurales y de avanzada edad en un momento de pérdida de popularidad por varios escándalos de corrupción y una polémica reforma de la Justicia criticada por Bruselas.