El Salvador responde con contundencia a la oleada de asesinatos que sacude al país. A los 14 muertos registrados el viernes se suman los 62 del sábado, convirtiéndolo en el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña.
Con esta situación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha tomado dos iniciativas. La primera, imponer un régimen de excepción en el país, suspendiendo las garantías y libertades constitucionales, como la defensa en caso de detención.
También ha ordenado el aislamiento de los pandilleros en las prisiones tras el inicio de un régimen de excepción en el país que suspende garantías constitucionales, como la defensa en caso de detención, para controlar la escalada de homicidios. En este contexto, Bukele ha dado la orden al director general de Centros Penales, Osiris Luna, de que "decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad" para que estén "todas las celdas cerradas 24/7".
En cuanto al régimen de excepción, el Congreso tomó la decisión de aprobarlo, a petición de Bukele, en la madrugada del domingo, para hacer frente al "incremento desmedido" de los asesinatos.
Medidas del estado de excepción
El régimen de excepción, que será valido durante los próximos 30 días, no tendrá consecuencias en la vida de "la mayoría de personas", según ha explicado Bukele, quien ha asegurado que "las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario". No obstante, "habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas".
El mandatario ha afirmado que los "servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente. A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso".
Más concretamente, los derechos suspendidos por el Congreso son la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa e inviolabilidad de la correspondencia.
También se ha suspendido la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se ha ampliado el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
Aislamiento en las prisiones
Tras la orden de Bukele sobre el aislamiento de los pandilleros presos, el director general de Centros Penales ha declarado que "inmediatamente se cumple la orden, estos criminales no verán la luz del sol".
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En anteriores olas de violencia, Bukele ya ha ordenado la misma medida, que ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.