El Secretario General de la ONU, António Guterres, se reunirá este martes con posibles donantes para tratar de salvar la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, cuando ya son más de una decena de países los que han suspendido su financiación, muchos de los cuales figuran entre los 20 que más ayuda aportaban al organismo.
Su retirada supone unas pérdidas de más del 60% del presupuestoanual de la agencia y la Comisión Europea, su tercer mayor donante, está valorando congelar también sus aportaciones. España, en cambio, sí continuará financiando la organización.
La UNRWA tiene un mandato nítido de Naciones Unidas: proteger a los refugiados palestinos. Ahora mismo dos millones de personas en la Franja de Gaza pueden quedarse sin ayuda humanitaria por esta decisión de varios países de suspender la financiación, pero esto no solo afecta a los palestinos de la Franja, sino que seis millones de palestinos desplazados en varios países dependen también de la URNWA desde hace 75 años.
El papel de la agencia es crucial para garantizar el acceso a la educación, a la sanidad y la ayuda humanitaria de los refugiados palestinos. Una labor que cobra aún más importancia en el contexto actual, en plena guerra en Gaza. Y es que la agencia se encarga de repartir la poca ayuda que entra en el enclave y, además, sus instalaciones y escuelas sirven como refugio de las bombas a miles de familias.
La cascada de retiradas de fondos se produce a raíz de la acusación de Israel contra 12 trabajadores de la UNRWA de presuntamente haber participado en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Así, la acusación contra solo 12 empleados de los 13.000 que trabajan en Gaza está provocando un castigo colectivo contra los 30.000 miembros de esta agencia de Naciones Unidas que realiza también labores humanitarias en Libia, Siria, Cisjordania o Jordania.
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La UNRWA ya ha puesto cifra a las consecuencias de estos recortes en su financiación y no son simples números, son personas: seis millones de palestinos se quedarán sin asistencia sanitaria en Oriente Medio y 500.000 estudiantes, sin educación. Para los gazatíes, esto es, en palabras de Ahmed Al-Nahal, "una sentencia de muerte". "Si la agencia deja de operar en la Franja de Gaza, moriremos, pasaremos hambre en las calles", alerta el joven palestino.