El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, ha confirmado este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país.
"Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", ha dicho ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado.
La sentencia, con la que concluye de manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca revelaron y por el que convocaron al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.
Justicia confirma la victoria de Maduro y la oposición lo rechaza
Rodríguez ha explicado que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales "altamente calificados e idóneos", cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación, que se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que denuncia fraude electoral.
Antes de que el TSJ emitiera su fallo, el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, advirtió que la decisión judicial "solo agravará la crisis" que vive el país.
"Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis", expresó González Urrutia a través de X, donde auguró que el alto tribunal favorecería al Gobierno, contrario a lo reiterado por Maduro, que aseguró que la institución es "sólida".
También de forma previa al la emisión oficial del fallo del alto tribunal, la líder de la oposición, María Corina Machado, criticaba la parcialidad del órgano judicial. Lo hacía, de hecho, recordando un nuevo pronunciamiento de la ONU en el que se señalaba que ni el TSJ ni el CNE gozan "de imparcialidad e independencia", así como que ambos "han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado".
Tras agradecer "la Misión Independiente por esta firme e inequívoca posición", Machado ha reiterado que "o existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro, frente al Golpe de Estado a la Constitución que pretenden perpetrar". Asimismo, destacó que "la Soberanía Popular se respeta".
Unas palabras que más tarde y después de conocerse la resolución, ha vuelto a reafirmar su colega de coalición, quien escribió en la misma red social que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad"".
Maduro "cierra capítulo"
No obstante, desde el Gobierno del autoproclamado presidente reelecto, Nicolás Maduro, hablan de "cierre de capítulo", al tiempo que han celebrado "que ha triunfado la Constitución, el Estado de derecho, las instituciones".
Ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, quien aseguró al canal estatal VTV que "queda claro, queda bien descrito todo el proceso, cómo fue llevado a cabo, el detalle del proceso electoral (...) y es muy importante que el mundo lo sepa", puesto que la cuestión "ha despertado un interés realmente importante" en todo el globo.
De hecho, exigió respeto y "no injerencia en los asuntos internos venezolanos" después de que multitud de países, entre ellos España, hayan exigido la publicación de las actas con los resultados desagregados de los comicios del 28 de julio.
Según dijo, la decisión del TSJ demuestra que la anunciada victoria del chavismo es "un resultado ajustado a la voluntad y necesidad del pueblo venezolano", lo que se puede confirmar también "en la paz social, económica y política" que, aseguró, hay en el país.
Unas palabras que chocan con la realidad ante las protestas que se desataron tras la autoproclamación como vencedor de Maduro y que más tarde se han ido expandiendo al mundo entero.
Sin ir más lejos, el pasado fin de semana las principales ciudades de gran parte de los países del mundo se llenaron de banderas venezolanas al grito de "libertad" y en denuncia de lo que se considera un nuevo fraude electoral.
La oposición cree que ganó y la comunidad internacional les respalda
La PUD mantiene que su candidato ganó por amplio margen las elecciones presidenciales. Algo que justifican con la publicación del "83,5 % de las actas electorales" que recabaron a través de testigos y miembros de mesa. Unos documentos que el Gobierno, no obstante, califica de "falsos".
Eso sí, la tesis de la gran coalición opositiora, encuentra fieles en la comunidad internacional, más allá de las protestas mencionados. Por un lado, la ONU concluyó que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas careció de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".
Pero, también la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución hace unos días en la que exigía publicar "de manera expedita" las actas electorales de los últimos comicios venezolanos.
En el texto, no vinculante y presentado por EEUU, Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay, también pedía que se respetase "el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral".
Térmminos similares a los que utilizaron España y 22 países más en un documento que reflejaba las misma exigencias. A su vez suscritas por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien además advirtió de que Venzuela podía "entrar en una grave crisis" sin Maduro no cede.