Trump declara la guerra a la inmigración y allana el camino para sus prometidas deportaciones masivas

Donald Trump va con todo y contra todo en su cruzada contra la inmigración. Una batalla en la que el nuevo presidente de Estados Unidos no se está deteniendo a observar ni los derechos humanos ni la propia Constitución del país norteamericano. Su último golpe ha sido dar vía libre a las redadas de migrantes en espacios hasta ahora considerados seguros, como escuelas, iglesias u hospitales, mientras el país se prepara para las deportaciones masivas que viene prometiendo el mandatario republicano.

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional revocaba una directriz de la Administración Biden -cuyo legado Trump está demoliendo a golpe de decreto- que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en lugares "protegidos" sin autorización de un superior. Ahora, ya no hay límites: los migrantes podrían ser arrestados en colegios, centros sanitarios, lugares de culto e incluso albergues para víctimas de violencia machista, funerales o centros de ayuda tras un desastre natural.

Trump, además, ha restablecido en todo su alcance el mecanismo para la "expulsión inmediata" de migrantes, una política que permite la deportación rápida de personas indocumentadas sin que medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato de Biden. Una medida que Trump ya aplicó en toda su extensión durante su primer gobierno contra los migrantes indocumentados que llevaran menos de dos años en el país de forma irregular.

Es solo una de las decisiones en política migratoria que ha tomado Trump desde que tomó posesión el pasado lunes y empezó a firmar decreto tras decreto, antes incluso de sentarse ante el escritorio del Despacho Oval. Una de sus primeras medidas fue declarar la emergencia nacional en la frontera con México, lo que le permitiría desbloquear de forma unilateral financiación para construir el muro fronterizo o incluso desplegar allí a los militares y a la Guardia Nacional, explicaba el 'New York Times'.

Otra de sus primeras órdenes ejecutivas persigue acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, de forma que, aunque nazcan en territorio de Estados Unidos, los hijos de migrantes en situación irregular o que se encuentran en el país con visados temporales no obtengan la nacionalidad de forma automática. Una decisión contra la que ya han presentado denuncias asociaciones de derechos civiles y una veintena de estados gobernados por los demócratas.

Consideran que este decreto de Trump viola la Constitución, cuya 14º Enmienda recoge, literalmente, que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos. Una disposición que, al parecer, no es impedimento para que el flamante presidente intente denegar la nacionalidad a más de 150.000 niños nacidos anualmente en el país, según datos de la Fiscalía de Massachusetts.

Trump, que ya dejó patente en su primer mandato su política de 'puño de hierro' contra la inmigración, dejando imágenes de familias separadas, niños encerrados en jaulas y compareciendo solos ante los jueces, está decidido a volver ahora a la carga. El presidente ha regresado a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes y no tiene menor intención de atender a las peticiones de misericordia, como la que le hizo la obispa durante la tradicional misa tras su investidura.

De momento, sus medidas ya han roto en mil pedazos el 'sueño americano' de decenas de miles de personas que han visto cómo la aplicación con la que seguían los trámites para recibir asilo dejaba de funcionar con la llegada de Trump. "Cuando ya pensaba que todo estaba logrado, se viene abajo todo, dios mío", lloraba desconsolada este martes una mujer en la frontera. La página web de la Casa Blanca en español también ha desaparecido, como su esperanza de un futuro mejor en el país norteamericano.