Una lucha particular
Trump militariza más de 1.000 kilómetros de corredor fronterizo con México para combatir la migración irregular
¿Cómo funciona? El objetivo de esta medida es que cualquier detención se considere similar a la intrusión en una base militar.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, continúa con su particular lucha contra la migración irregular. Después del muro construido en México durante su primer mandato, las deportaciones masivas practicadas que llegaron apenas retornado a la Casa Blanca, ahora su Administración ha declarado que el corredor de tierra conocido como la Reserva Roosevelt, fronterizo con territorio mexicano, quedará temporalmente bajo jurisdicción militar para facilitar operaciones contra la migración irregular.
Una zona, que según recoge el memorándum publicado a última hora de este viernes, será empleada "dentro de unos límites razonables" para la instalación de "barreras fronterizas y el emplazamiento de equipos de detección y vigilancia" en esta franja de tierra de unos 18 metros de anchura que recorre la frontera de tres estados -California, Nuevo México y Arizona- con el país vecino.
Precisamente, para la seguridad fronteriza, durante su primera administración, Trump ya aprovechó el estatus excepcional del corredor para erigir un muro en la frontera a lo largo de los más de 1.000 kilómetros de línea. De esta manera, se pueden desarrollar proyectos de infraestructura como vallas, carreteras y sistemas de vigilancia sin necesidad de nuevas adquisiciones de terrenos.
Según explicaron a mediados del mes pasado al magacín 'Newsweek' fuentes próximas a la iniciativa, la idea tras la militarización de la zona de seguridad es que cualquier detención se considere similar a la intrusión en una base militar, puesto que la "frontera sur está siendo atacada por diversas amenazas", argumenta, a su vez el memorándum.
"La complejidad de la situación actual", añade el documento, "exige que nuestras fuerzas armadas asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que en el pasado reciente". Entonces, la medida establece a partir de ahora una fase inicial de evaluación de 45 días a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de decidir disposiciones adicionales.
Expertos como el integrante del grupo de estudios del Consejo Americano de Migración, Aaron Reichlin-Melnick, han expresado serias dudas sobre la legalidad de esta medida, al entender que la protección de la frontera es una competencia de las fuerzas de seguridad civiles y que el despliegue del Ejército en estas condiciones representa una violación de la ley Posse Comitatus, que restringe el uso de los militares para esta clase de actividades. "Una locura de estrategia", ha hecho saber Reichin-Melnick en su cuenta de la red social X.
No obstante, Trump ya ha pedido tanto al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional que presenten recomendaciones antes del 20 de abril sobre si debería usar la Ley de Insurrección de 1807 para impulsar su campaña de deportaciones masivas. Esta arcaica ley permitiría a Trump desplegar más fuerzas militares estadounidenses en la frontera sur y ordenar a las tropas que ayuden a las fuerzas del orden en la implementación de las políticas nacionales.
Cabe recordar que la migración irregular por México, según cifras de la Administración Trump, ha caído a mínimos históricos desde que Trump asumió el cargo. El Gobierno informó de 7.200 contactos con migrantes den marzo, una enorme reducción en comparación a los 189.000 del mismo mes del año anterior.