Hace 4 años, Hoda Muthana se marchó a Siria para unirse a Daésh. "Me fui sin pensar en las consecuencias. Sin pensarlo dos veces", relata la joven. Ahora está arrepentida. Quiere volver a Estados Unidos y llevarse a su hijo, que tuvo con uno de los terroristas.
Trump ya le ha cerrado las puertas. No quiere hacer lo que le exige a otros países: que se hagan cargo de los sus nacionales yihadistas detenidos en Siria por las milicias kurdas.
"Ellos no tienen esa capacidad ni su sistema judicial está preparado para juzgar a esas personas con las debidas garantías", explica Pedro Bolaños, analista geopolítico y experto en terrorismo.
Esa falta de garantías hace dudar la mayor a los países occidentales. Desde el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, su coodirector, Jesús Núñez, asegura que "ese grupo no estatal no es precisamente un policía, una autoridad judicial que actúa con arreglo al derecho internacional. Desde ese punto de vista, suponer que a quien tienen detenido y a quien califican de yihadista lo es, pues es una suposición entre otras".
Y a eso se agarran también para evitar hacerse cargo del problema. Porque incluso si consiguen condenarles por pertenencia a banda terrorista, acabarían saliendo a la calle en pocos años. La alternativa a eso es vulnerar derechos básicos.
"Nos encontramos con que, o bien se crea un Guantánamo, como una especie de limbo jurídico, o cosas peores como que haya cárceles secretas", apunta Jesús Núñez.
Dejarles allí tampoco es una solución. Tal y como cuenta Pedro Bolaños, "no es de recibo dejar a estas personas vagabundeando por el mundo, que se vayan a concentrar en otros escenarios como puede ser en África. Es un error estratégico a largo plazo".
Al ser ciudadanos europeos, los países estarían obligados a hacerse cargo de ellos. Por eso, algunos les están quitando la nacionalidad a los yihadistas.
Es lo que ha hecho Reino Unido con Shamima Begum, una de las tres adolescentes británicas que se sumó a Daésh en 2014.