Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo para crear de forma voluntaria en los Estados miembros centros "controlados" para separar a los refugiados, con derecho a permanecer en los Veintiocho, de los inmigrantes económicos, que serían devueltos a sus países de origen.
Por tanto, cuando las personas lleguen al territorio comunitario serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes Estados miembros también será voluntaria para los Veintiocho.
"En el territorio de la UE, quienes son salvados (del mar), de acuerdo con el Derecho Internacional, deben ser atendidos, sobre la base de un esfuerzo conjunto, mediante su traspaso a centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de forma voluntaria, donde un procesamiento rápido y seguro permitiría, con total apoyo de la UE, distinguir entre irregulares y refugiados", dicen las conclusiones.
Con respecto a las plataformas de desembarco en países terceros, los líderes se muestran más imprecisos. "El Consejo Europeo pide al Consejo (de la UE) y a la Comisión explorar rápidamente el concepto de las plataformas de desembarco regional, en estrecha cooperación con países terceros relevantes, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones", afirman los jefes de Estado y de Gobierno.
Añaden que esas plataformas deberían operar "distinguiendo situaciones individuales, con total respeto del Derecho Internacional y sin crear un efecto llamada". Los Veintiocho no hicieron menciones directas a países, pues esos Estados deben antes dar su consentimiento a la instalación de esas infraestructuras en sus territorios.
Ante el reciente incremento de las llegadas por el Mediterráneo Occidental, los líderes señalan que la Unión Europea "apoyará financieramente y de otras formas todos los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, y países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para prevenir la inmigración ilegal".
Asimismo, tras lo sucedido con el barco de la ONG alemana 'Lifeline', recalcan que todas las naves que operan en el Mediterráneo "deben respetar las leyes aplicables y no obstruir las operaciones de los guardacostas libios". Además, piden esfuerzos adicionales para implementar el acuerdo migratorio con Turquía y se comprometen a transferir 500 millones de euros al fondo fiduciario de la UE para África e instan a los países a realizar aportaciones adicionales.
Sobre los movimientos secundarios, aquellos que se realizan a países como Alemania desde los Estados miembros a los que llegan los demandantes de asilo, dicen que "ponen en riesgo la integridad del Sistema Común Europea de Asilo y Schengen", y exigen a los países tomar medidas legislativas y administrativas para frenar esos movimientos. En cuanto a la reforma del sistema de asilo europeo, las conclusiones destacan el progreso logrado en los últimos meses.
