"El principal responsable es el Gobierno, a él apelo para que la facilite (la negociación) con nuevos gestos, aunque sin la voluntad y la determinación de la oposición nada será posible", indica un comunicado de Zapatero difundido un día antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
El 30 de julio se elegirá en Venezuela, sin la participación de la oposición y con el rechazo de la comunidad internacional, a 545 representantes que integrarán una Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Magna.
Sobre este punto, Rodríguez Zapatero, que participó como mediador en la mesa de diálogo y estuvo auspiciada por la Unión de Naciones Suramericanas, dijo que es uno de los temas centrales sobre los que es necesario alcanzar una negociación y un acuerdo.
El socialista español pidió "fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder".
Estos comicios son vistos por la oposición venezolana como un intento del presidente, Nicolás Maduro, por "consolidar una dictadura". Sus detractores critican además que no se haya convocado un referendo previo a la Constituyente, como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna venezolana.
El expresidente del Gobierno español remarcó que Venezuela vivirá "horas trascendentales" que "deben transcurrir en paz", como parte de un compromiso que le expresaron los responsables de ambos bloques políticos durante varias reuniones celebradas en las últimas semanas.
Otras cuestiones a definir para reanudar las conversaciones, según el líder socialista, son la fijación de un cronograma electoral con fechas precisas para elecciones a las alcaldías y presidenciales, así como "avanzar de manera urgente" en una Comisión de la Verdad para acordar liberación de opositores encarcelados.
Asimismo, instó a acordar "de manera urgente" el procedimiento para poner fin al estatus de desacato que el Supremo impuso al Parlamento, de mayoría opositora, y un compromiso compartido para aprobar medidas económicas y sociales, "apelando también para ello a la colaboración externa".