La fundación fue creada por un decreto-ley franquista en 1957 y está gestionada y administrada por el propio Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
En la respuesta que el Gobierno ha remitido al diputado socialista Antonio Hurtado, el Ejecutivo detalla los gastos de explotación que ha tenido la fundación entre 2012 y 2016, y que incluyen aquellos destinados al mantenimiento, la seguridad, el personal y los suministros, entre otros.
El Gobierno también ha dado cuenta de los ingresos de esta entidad en el mismo periodo, derivados de la venta de entradas y otros ingresos patrimoniales.
Así, en los últimos cinco años la fundación ha incurrido en gastos por valor de 11,32 millones de euros, frente a unos ingresos de 5,96 millones. Es decir, la entidad es claramente deficitaria, ya que gasta el doble de lo que ingresa.
No obstante, en 2016 la diferencia entre los ingresos y los gastos se redujo a 425.656 euros, frente a los casi dos millones de déficit que registró en 2012.