El abogado de Salomé Pradas, un exjuez que archivó la investigación sobre el cartel de Vox contra menores migrantes no acompañados

Abogado penalista y magistrado. Se trata de la síntesis de la carrera profesional de Eduardo de Urbano, quien se acaba de convertir en el encargado de la defensa de la ya exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, recientemente imputada por la jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades en la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre. Según fuentes consultadas por laSexta, se trata de un juez muy conservador que ha firmado resoluciones polémicas como la del cartel de Vox.

Urbano cuenta con un amplio conocimiento de la forma de instrucción de los jueces españoles debido a sus años como magistrado en el Audiencia Provincial de Madrid (2013-2021), aunque esta no es la única en la que ha dedicado parte de su carrera. Y es que desde 1999 hasta 2013 fue también magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo, al que llegó tras presidir entre 1992 y 1999 la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Su profesionalidad está clara, pero también su pensamiento conservador. Prueba de ello, es la sentencia de la Audiencia madrileña que en 2021 avaló el polémico cartel del que Vox se sirvió durante la campaña electoral a las elecciones en la Comunidad de Madrid. En él la formación de extrema derecha comparaba los 426 euros de pensión al mes de una señora en España, frente a los 4.700 euros mensuales que decían costaba un menor migrante no acompañado para las arcas públicas.

La polémica estaba servida y el PSOE no dudó en denunciar a la formación. Sin embargo, la jueza archivó la denuncia al no observar la comisión de un delito de odio, delito electoral o de infracción penal alguna por parte de los de Santiago Abascal. Una decisión que la Fiscalía recurrió sin éxito, pues fue rechazado.

Lo hizo en un auto que firmaron los magistrados Valentín Sanz Altozano, Tania García Sedano y Eduardo de Urbano Castrillo, ahora abogado de Pradas. En el escrito entendían que el contenido del cartel estaba avalado por la libertad de expresión y que, por lo tanto, debía permanecer durante la campaña electoral rechazando nuevamente su retirada.

Ahora, Urbano tendrá que defender a la exconsellera 'popular' a la que este lunes la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra citó como investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La instructora argumentaba que como responsable de emergencia y su función de proteger a la población es "indudable" que "sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo" aquel trágico 29 de octubre.