El PP abre una doble ofensiva para intentar frenar la ley de amnistía. Por un lado plantan batalla en el Senado y por otro, en el plano judicial. Los 'populares' ya han anunciado que llevarán la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional y algunos, como González Pons, han lanzado una advertencia a esos jueces. Tendrán que decidir de qué lado están, les ha dicho, si es con los "constitucionalistas" o con "los enemigos de la Constitución".

Un tono que ha sido rápidamente rebatido por el PSOE. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha criticado cómo entiende el PP la democracia. "Para el PP, si los jueces no dicen lo que ellos quieren son antidemócratas, anticonstitucionalistas y antiespañoles", ha denunciado el socialista.

Preguntada por laSexta, Cuca Gamarra no ha repetido esas palabras de González Pons, pero también ha apuntado al Constitucional. Pide que "demuestre su imparcialidad y que todos aquellos que tengan alguna tacha de parcialidad se abstengan". Una clara referencia al propio presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo y a la magistrada Laura Díez, asesora del Ministerio de la Presidencia la pasada legislatura. "Habrá recursos de inconstitucionalidad", ha insistido Gamarra.

Por su parte, el Gobierno, como pedía Bruselas por carta, ha enviado ya copia de la proposición de ley de amnistía, mientras la portavoz Isabel Rodríguez ha pedido que en nuestro país todos sean responsables.

Y es que hoy en varias ciudades, se ha visto una imagen infrecuente. La de la concentración de jueces contra una cuestión política como es el pacto PSOE-Junts. El magistrado decano de los juzgados de Sevilla, Francisco Guerrero ha expresado "la preocupación judicial por determinados acuerdos políticos que afectan a la independencia judicial y al principio de separación de poderes".

Vox también se ha apuntado a intentar utilizar la justicia para parar la investidura anunciado una querella contra Pedro Sánchez. "Esperamos que los tribunales utilicen todas las herramientas a su alcance", instaba directamente el líder del ultraderecha Santiago Abascal. Quieren que el Supremo frene el pleno de investidura a través de medidas catutelares tras presentar la querella contra Sánchez.

La otra batalla se ha producido en el Senado. El pleno ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera el cambio reglamentario inconstitucional.

Tras la reforma del artículo 133 del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay "vacaciones parlamentarias" como ocurre en enero.

El PSOE ya ha anunciado que recurrirá este cambio del Reglamento ante el Constitucional y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna.

Sostienen que la reforma del Reglamento contraviene el artículo 90 de la Constitución, que fija en 20 días el plazo del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso, y la interpretación del TC sobre que esta regla se aplica también a las proposiciones de ley. Unas acusaciones que el PP niega.