Tanto las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- como las defensas de la cúpula del "procés" apuran el plazo que les dio el Tribunal Supremo para fijar postura sobre cómo afecta la ley de amnistía a la causa y si deben borrarse las órdenes de arresto contra Carles Puigdemont y otros líderes huidos.

El mismo día que entró en vigor la norma que busca borrar la responsabilidad penal, administrativa y contable de hechos vinculados al "procés" entre 2011 y 2023, el Supremo solicitó informes a las partes sobre la "aplicabilidad o inaplicabilidad" de la ley a la causa que afecta a los condenados, como el exvicepresident Oriol Junqueras, y a la de los huidos, incluido Puigdemont.

Una vez recabados todos los informes, que se esperan este miércoles, el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal deberán decidir si el "procés" entra en la amnistía, en qué grado o si procede elevar una cuestión a un tribunal superior, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por el momento, a la espera de conocer el contenido exacto del informe, ya se sabe cuál va a ser la postura que la Fiscalía defienda ante el alto tribunal: amnistiar a los líderes independentistas de todos los delitos, y retirar la orden de detención nacional contra Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- y la dirigente de ERC Marta Rovira. El ministerio público presentará este miércoles su informe tras la celebración ayer de una Junta de Fiscales de Sala, en la que la cúpula de la carrera avaló por dos votos de diferencia (19 a 17) la tesis del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que es la que ha salido adelante.

Tras más de cinco horas de reunión, la Junta inclinó la baraja a favor de García Ortiz frente a la posición de los cuatro fiscales que investigaron el "procés", que sostienen que la malversación que se atribuye a algunos líderes independentistas no entra en la amnistía. Los cuatro decidieron apartarse de la causa y será la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, quienes firmen el informe.

El principal motivo de discrepancia era si la malversación asociada al "procés" entra en la amnistía. Los fiscales del "procés" defienden que no porque la ley excluye actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y porque afectó a los intereses financieros de la UE; García Ortiz, en cambio, niega que dichos intereses se viesen comprometidos, y rechaza que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal.

Respecto a las defensas, aunque el expresidente catalán todavía no ha presentado su informe ante el Supremo, ya se ha posicionado en otra de las causas que le afectan, la del desvío de fondos para el "procés" en el Tribunal de Cuentas, a quien ha pedido que aplique la amnistía sin más dilaciones. Quien sí lo ha presentado es el exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha pedido que se aplique la amnistía y ha anunciado que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el informe de los fiscales del "procés" en contra del perdón.