El Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra Shakira por dos delitos fiscales correspondientes al IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2018.
La artista y su equipo legal han emitido un comunicado en el que informan de que no han recibido ninguna notificación, y lamentan la "presión mediática y reputacional a la que se ve sometida" con situaciones como esta, que hace que se entere a través de los medios de comunicación de que hay una querella contra ella.
Es por eso que sus abogados no van a hacer ningún comentario sobre este caso hasta que la notificación les llegue por el canal oficial. No obstante, puntualizan que Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. "Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales", añaden.
Causa abierta por delitos contra Hacienda
Cabe recordar que la cantante colombiana tiene otra causa abierta por seis delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía de Barcelona pidió para ella ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012, 2013 y 2014, simulando que no residía en España.
Así, se establecieron dos agravantes: uno, por la elevada cuantía de la defraudación y el otro, por la "utilización de personas jurídicas interpuestas", o sea de sociedades en paraísos fiscales.
Se considera que al haber pagado 17,2 millones de euros ha reparado el daño, así que se le aplica una atenuante. Aun así, se le solicita el pago de una multa de 23,7 millones de euros.
Al respecto de esta cuestión, la defensa de Shakira aseguró que la cantante "es una contribuyente que siempre ha tenido una conducta fiscal impecable y nunca ha tenido problemas tributarios en ninguna otra jurisdicción".
Asimismo, argumentaron que la misma "jamás superó los 183 días de presencia en España requeridos para ser residente fiscal" y, en esta línea, que "sin haberse presentado evidencias fehacientes que soporten las acusaciones, se le ha perseguido encarnizadamente en el ámbito penal y mediático usando métodos inaceptables para atacar su reputación y forzarle a llegar a un acuerdo".
Incluso llegaban a afirmar que la Hacienda pública "acusa sin pruebas a Shakira de su presunta residencia en España"; en contraposición, aseveraban que "Shakira cuenta con datos fehacientes que acreditan su vida itinerante y confirman que la artista no llegaba a superar el umbral de más de 183 días en España durante cada uno de los años que se le imputan".