El mismo domingo a las dos de la tarde una cuenta de X ya mandaba un mensaje racista y, por supuesto, sin ninguna prueba, en relación al asesinato de Mateo, el niño de 11 años apuñalado en Mocejón (Toledo).
"Confirmado, el asesino del niño de 10 años de Mocejón es un moro", escribía el autor de este mensaje tenía más de 40.000 seguidores en la red social. Pero tras conocer que la Fiscalía estudia posibles delitos de odio en los mensajes por redes contra menores migrantes tras el asesinato de Mateo, el autor del mensaje ha borrado su cuenta.
Y es que, nada más conocer el asesinato de Mateo, las redes sociales se llenaron de una avalancha de mensajes racistas en el que aseguraban que el asesinato era un "moro".
Porque en un campo sin puertas como lo son las redes sociales, ¿hasta dónde puede llegar la justicia? Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, ha explicado este miércoles en una entrevista en la Cadena SER que "no todo lo odioso es delito de odio sino los casos más graves el derecho penal puede intervenir e investigar ese tipo de hechos".
La Unidad de delitos de odio apenas lleva un año en funcionamiento y el fiscal al mando insiste en que los poderes públicos deben implementar más medidas para tratar de frenar este comportamiento en redes.
"Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal pero son muy odiosos y socaban en nuestro modelo de convivencia", ha explicado Miguel Ángel Aguilar.
Surge entonces otra pregunta: ¿Qué se puede hacer para pararlo? La propuesta del fiscal pasa por prohibir el acceso a las redes sociales a quien cometa un delito a través de ellas y también la identificación del usuario. El fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio explica que "yo si cojo una moto o un coche estoy plenamente identificado" y, además, insiste en que "muchas veces la investigación no puede prosperar porque desconocemos el autor".
Unas propuestas con las que a priori tanto Gobierno como oposición se muestran de acuerdo. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha dicho que "los delitos se persiguen sea cual sea la forma en la que se comete o el formato que se usa para su comisión".
El senador del PP, Antonio Silván, ha denunciado que "no nos podemos parapetar en el anonimato". "No puede servir para hacer declaraciones que con nombre y apellidos no se harían", ha añadido.