El hasta ahora diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha anunciado que abandona la militancia política. Esto es, que pone fin a su relación política con Podemos. Lo hace después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cumpliera con la inhabilitación decretada por el Tribunal Supremo por la agresión a un Policía y, en consecuencia, le retirara su acta como diputado.

El propio Rodríguez ha hecho pública esta decisión a su llegada, en la tarde de este sábado, al aeropuerto de Tenerife Norte, donde ha sido recibido por una multitud de personas que le han mostrado su apoyo al grito de 'justicia' y 'todas somos Alberto' tras la sentencia del órgano judicial. En ese punto, Rodríguez ha explicado que "uno debe aprender cuáles son las virtudes y los límites" y que "toca cerrar un ciclo".

"Entro en otro momento personal", ha proseguido argumentando Rodríguez, que sigue manteniendo su inocencia frente a la sentencia impuesta por el Supremo; sentencia que, por otro lado, ha tachado como "un ataque a la democracia" y "crónica de una infamia". En esta línea, ha confirmado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión si no encuentra cobertura en el sistema jurídico español.

Para Rodríguez, la sentencia "ha sido una cacicada a la voluntad popular y al pueblo canario", y por ello ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano "jurídicamente" para que se demuestre su inocencia frente a la decisión del TS, quele ha condenado por una patada a un policía en 2014. Un caso que ha provocado un nuevo escenario de tensión no solo entre los socios del Gobierno de Coalición; también, en el sistema jurídico.

Duros reproches entre Podemos y la CGPJ

Tras lo acordado por el Supremo llegaron las críticas de Podemos y de una parte del Gobierno. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, acusó en redes sociales de "prevaricación" al Tribunal y a la Presidencia del Congreso por esta decisión "aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia". Poco después, la formación anunciaba una querella contra Batet por prevaricación.

Una polémica posición a la que dio respuesta el Consejo General del Poder Judicial en una durísima nota en la que advertían que, en su opinión, Belarra estaba excediendo "absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" situando "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable". Desde Unidas Podemos volvieron a replicar, esta vez a las palabras del CGPJ.

El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, criticó el reproche del organismo a la ministra afirmando que el "único comunicado legítimo" tras casi tres años con mandato caducado debe ser el de su "disolución". No obstante, desde Podemos han querido rebajar la tensión al aclarar que es Alberto Rodríguez, y no el partido, quien debe presentar la querella contra Batet por una cuestión de forma.