Los partidos políticos han pactado ampliar el plazo para la prescripción de los delitos graves de abusos a menores cinco años más, es decir a partir de que la víctima tenga 35 y no 30 años, como estaba previsto en el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia que aprueba este jueves el Congreso de los Diputados.

PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el grupo republicano han acordado a través de una enmienda transaccional elevar la edad de la víctima hasta los 35 años de edad, ya que las denuncias, cuando se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en torno a esa edad.

Hasta ahora, el plazo de prescripción comenzaba a los 18 años, por lo que la mayoría de los delitos denunciados quedaban impunes. Víctimas de abusos y entidades sociales habían advertido de la importancia de ampliar aún más ese plazo, incluso pedían que se situara en los 40 años, para acorralar a los agresores que suelen llevar a cabo el maltrato y abuso contra los menores dentro de sus hogares o en entornos cercanos.

El pleno del Congreso aprobará este jueves la ley de protección a la infancia frente a la violencia para remitirla al Senado, donde deberá debatirse de nuevo para completar su tramitación. La ley llega al Pleno con mejoras consensuadas desde la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, donde se han incorporado 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales en el informe aprobado, que recibió el voto en contra de Vox y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu.

Sin embargo, organizaciones de defensa de la infancia, víctimas y algunos partidos opinan que se puede mejorar aún más, como cambiar el reconocimiento como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela en casos de desamparo.

El texto que se somete a votación en la Cámara Baja refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa. Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (síndrome de alienación parental) e incorporando medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Se quedaron fuera finalmente, por la falta de apoyo del grupo socialista, las propuestas de Unidas Podemos, de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.