En su tercer día de intervención la fiscal ha vuelto a reiterar su acusación respecto a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para los que pide 39 años de prisión a cada uno, así como el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para el que solicita 125 años de cárcel.
"Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la adjudicación de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social", ha subrayado la fiscal.
Ha puesto de manifiesto "la abrumadora prueba documental que se ha desgranado en el juicio" y ha insistido en que "los hechos que se han acreditado son de extrema gravedad no solo por su naturaleza y el perjuicio que han causado sino porque se realizaron como un modo ordinario de contratación pública en distintas administraciones gobernadas por el PP".
Concepción Sabadell ha comentado que en las mismas "algunas de las autoridades y cargos públicos admitieron sobornos para enriquecerse con fondos públicos que tenían la obligación de proteger y salvaguardar".
Igualmente, ha advertido de que "los funcionarios y las autoridades faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron dictando resoluciones injustas con base a unos sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa".
"Los acusados con su reiterada actuación y penetración en la Administración consiguieron que esos mecanismos viciados en la contratación pública se consolidara como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos", ha apostillado.
Previamente, la fiscal ha comentado durante la exposición de su informe que no se sabe aún dónde están 4.100.000 euros de los más de diez millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó en cuentas bancarias de Suiza.
También ha hecho referencia a Jesús Sepúlveda, para quien pide 15 años de prisión y del que ha dicho que cobró comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y que se beneficiaron también su exexposa, la exministra Ana Mato, y el PP, a quienes reclama 28.468 euros y 328.440 respectivamente como partícipes a título lucrativo.
Sobre Alberto López Viejo, la fiscal ha comentado que siendo exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Madrid (entre 2004 y 2009) cobraba el diez por ciento de comisión por adjudicar a empresas del grupo de Correa contratos para el montaje de actos institucionales de la Comunidad autónoma.
Por su parte, el abogado del Estado, que ha cifrado en quince millones de euros la defraudación total de los acusados, ha coincidido con la fiscal en la gravedad de los hechos y ha calificado de "cáncer que ha afectado a la Administración" la actuación de la trama.
El letrado del Estado ha incidido "en la gravedad específica de las conductas por la condición de las personas acusadas especialmente Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega", exalcalde de Majadahonda (Madrid), que se enfrenta a una petición de pena del Ministerio Público de 50 años de prisión.
"Son personas que fueron elegidas por los españoles para desempeñar cargos públicos, que se suponía que tenían que proteger los intereses generales y no defraudarlos ni robarlos", ha añadido el abogado del Estado.
