La Fiscalía Anticorrupción solicita en su primer escrito de acusación 57 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde hace dos años y medio, y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño.

La petición, remitida a la Audiencia Nacional, se enmarca en la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados, Herrero&Asociados S.L, de espiar a Balder Ip Law, un bufete de la competencia.

Tanto a García Castaño como a Villarejo se les investiga por presuntos delito de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Considera la Fiscalía en su escrito que Villarejo y Rafael Redondo, su abogado, ofertaron a Herrero&Asociados S.L "un servicio dirigido a solventar una 'situación de crisis'" que incluía la "obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado", como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.

Las claves de la pieza 'Iron'

La pieza 'Iron' ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo. Esta pieza reveló el 'modus operandi' que el excomisario seguía en su actividad profesional y que se repite la mayoría de las más de 20 piezas en las que se divide el 'caso Tándem'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ve indicios para sentar en el banquillo junto al comisario jubilado a Rafael Redondo y a Gemma Alcalá, la mujer del comisario, que se enfrenta a casi 50 años de prisión.

También destacan el papel en la trama de los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño —quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)—, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.

Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Alvaro Martínez y María Angeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.