La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, así como su sucesor, Ignacio González, declaren como testigos en el juicio de la 'caja B' del PP de Madrid. Así se lo han trasladado a laSexta fuentes fiscales, que han concretado que la citación a quienes dirigieron el Gobierno madrileño entre 2003 y 2012 -en el caso de Aguirre- y entre 2012 y 2015 -en el caso de González- se produce para que expliquen lo que sabían de esos fondos.

En el banquillo de la futura vista oral, para la que aún no hay fecha fijada, se sentarán, entre otros, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exgerente popular Beltrán Gutiérrez, dos pesos pesados de la 'era Aguirre' en la Comunidad de Madrid. A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas, y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación.

Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Al decretar la apertura de juicio oral, el magistrado rechazó la petición de Anticorrupción de declararar a Aguirre y a González partícipes a título lucrativo por los beneficios que pudieran haber obtenido del delito electoral del que se acusa únicamente a Granados y a Gutiérrez.

Sobre la propuesta de testigos para el juicio que le hizo Anticorrupción, García Castellón no se pronunció y previsiblemente será la Sala a la que corresponda juzgar estos hechos la que determine la prueba a practicar en la vista oral cuando decida señalarla. El pasado noviembre, la Audiencia Nacional avaló la decisión de García Castellón de archivar esta pieza, la número 9 de Púnica, para Aguirre y González, al confirmar el auto por el que en octubre de 2022 propuso juzgar a Granados y a los otros siete investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento 'online' de altos cargos.

El magistrado les dejó fuera de la causa, en sintonía con el criterio de Anticorrupción, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos. Un año antes, el juez ya había decretado el archivo para la también expresidenta Cristina Cifuentes. De este modo, tras una década de investigación desde que estallara la operación Púnica en 2014, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho. Los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que solo se juzgará el relativo a 2011.