La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de entre cinco y siete años de cárcel y multas de 50 millones de euros para cinco antiguos responsables de UGT Andalucía por los delitos de fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil.
Estos cargos son Francisco Fernández Sevilla, vicesecretario general y secretario general; Federico Fresneda Heredero, secretario general de Administración; María Charpín Osuna, secretaria de Gestión Económica; María Dolores Sánchez Montaño, responsable del Departamento de Compras, y Enrique Goicoechea Salazar, consejero delegado de Soralpe.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público también pide tres años de prisión para nueve proveedores de UGT, a los que considera cooperadores necesarios del sindicato para la comisión de los dos delitos.
La cantidad defraudada asciende, según el juez, a 40.750.047 euros
Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto el 3 de diciembre, en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos ex altos cargos y proveedores.
Una resolución en la que concluyó el magistrado que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, "asciende a 40.750.047,74 euros".
Cabe recordar que el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.