La asociación Liberum nació en 2021, en plena pandemia, con el objetivo de defender "los derechos humanos y las libertades" que, a su juicio, los gobiernos estaban arrebatando a sus ciudadanos con los confinamientos y los toques de queda con los que intentaban frenar la expansión del virus. Desde esa fecha, sus abogados han recorrido los juzgados de toda España persiguiendo el pasaporte Covid, denunciando a los medios de comunicación que difundían los consejos de las autoridades sanitarias para vacunarse o intentando frenar las medidas restrictivas de movimientos.
En el primer número de su revista, la asociación entrevistaba al ingeniero aeroespacial Juan Zaragoza, un divulgador que ha sido repetidamente desmentido por verificadores como Newtral o Maldita por difundir bulos sobre las vacunas, los chemtrails o el cambio climático. El entrevistado defendía que el virus era "una excusa" de las "élites globalistas" para promover sus intereses e imponer "el gran reseteo", una iniciativa del Foro de Davos para que los gobiernos cooperen en la gestión simultánea de las consecuencias de la pandemia.
Los conspiranoicos antivacunas de Liberum constituyen la última asociación que asedia en los tribunales a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber conseguido personarse como acusación popular en el caso Koldo, en el que se investiga la adjudicación irregular de contratos de mascarillas por parte de las empresas Adif y Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad.
Este lunes el juez Ismael Moreno rechazó por segunda vez su petición para que Gómez declare como testigo en el procedimiento en un auto en el que apunta que las supuestas reuniones que mantuvo con el presunto comisionista de la red, Víctor de Aldama, están basadas única y exclusivamente en "informaciones periodísticas no contrastadas". El instructor considera que, de la investigación de la Guardia Civil y de la documentación que forma parte del sumario, no se desprende ningún indicio de que la esposa de Sánchez "conociera o interviniera" en la adjudicación de los contratos de mascarillas investigados.
Justicieros contra la homosexualidad o la masturbación
Gómez también es la destinataria de una denuncia de la organización Manos Limpias a partir de la cual el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, incoó el pasado 16 de abril diligencias de investigación penal contra ella por un supuesto delito de tráfico de influencias. La iniciativa judicial se basa en ocho informaciones periodísticas, entre ellas un bulo que confundía a la mujer de Sánchez con una empresaria cántabra que se llama igual.
Manos Limpias tiene formalmente la condición de sindicato de funcionarios públicos, pero no se le conoce actividad sindical ni en defensa de los trabajadores. Desde su fundación en 1995, se ha volcado en presentar denuncias en los tribunales con la máxima, esculpida en su página web, de que "allí donde exista un delito, debe haber alguien capaz de denunciarlo". Su gran éxito fue sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina en el caso Nóos, pero sus cruzadas judiciales han tenido siempre como principales objetivos a representantes de partidos de izquierda, nacionalistas, sindicatos o movimientos sociales.
La asociación ha estado varios años en fuera de juego después de que su secretario general, Miguel Bernad, fuera condenado en 2021 por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel por extorsionar a bancos y empresas contra los que presentaban querellas o demandas que retiraban a cambio de contratos de publicidad con la asociación de consumidores Ausbanc, con la que estaban hermanados. En marzo pasado, el Supremo absolvió a sus dos líderes al considerar que, aunque las "presiones" están acreditadas, no consta que se hicieran con intimidación o violencia y estaban dirigidas a sociedades del Ibex 35 de "significada magnitud económica".
La primera gran victoria judicial de la organización se produjo en enero de 2008 cuando el Tribunal Supremo estimó uno de sus recursos y, en contra del criterio de la Fiscalía, inhabilitó durante un periodo de año y medio al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa (PNV) y otros dos miembros de la Mesa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna.
En 2009, la organización consiguió, junto a la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española y de las JONS, sentar en el banquillo al entonces juez Baltasar Garzón por abrir una investigación judicial sobre los crímenes del franquismo. El magistrado fue absuelto, pero esta actuación le valió a Bernad un diploma de la Fundación Francisco Franco en el que se le reconocía como "caballero de honor" de la organización. Durante el acto, en el que compartió reconocimiento con el antiguo líder ultraderechista Blas Piñar, también se homenajeó in memoriam a los mandos militares franquistas Agustín Muñoz Grandes y Juan Yagüe.
En los últimos 25 años los responsables del sindicato también han denunciado la quema de banderas españolas en eventos deportivos y la pitada al himno en las finales de la Copa del Rey de fútbol, han puesto en su punto de mira a todos los municipios vascos, catalanes y navarros que no la tenían colgada en el balcón de su ayuntamiento o han perseguido a las televisiones autonómicas vasca y catalana por estar "al servicio de la banda terrorista ETA" o "excluir y discriminar el uso del castellano" en su programación. Con sus querellas también han tenido que lidiar el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, el movimiento 15-M, la asociación Nunca Mais, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o políticos de izquierda como Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Manuela Carmena o Pablo Iglesias.
En 2005 Manos Limpias protagonizó su iniciativa más delirante, al denunciar a Radio Televisión Española (RTVE) por emitir un capítulo de la serie infantil Los Lunnis en el que se mostraba una boda entre dos personajes masculinos. Cuatro años más tarde, llevó a los tribunales a la Junta de Extremadura por un supuesto delito de corrupción de menores y contra la integridad moral por una campaña sobre sexualidad que paradójicamente recordaba al nombre del sindicato: "El placer está en tus manos".
Los ultracatólicos de Hazte Oír
La tercera organización que se está significando por su ataque en los tribunales a la mujer de Pedro Sánchez es Hazte Oír, un colectivo ultracatólico que fue fundado en 2001 por el abogado Ignacio Arsuaga y que en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero centró su actividad en combatir ideológicamente las medidas encaminadas a ensanchar la conquista de derechos. Así, presentaron iniciativas judiciales para intentar frenar las leyes contra la violencia de género, a favor del aborto y en defensa del matrimonio homosexual.
En 2017 un juzgado de instrucción de Madrid paralizó de forma cautelar la circulación de un autobús que se desplazaba por el centro de la ciudad con un mensaje tránsfobo: "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo". Dos años después, la organización fue denunciada por lanzar una campaña denominada "stop feminazis", a través de otro autobús en el que, junto a una imagen de Adolf Hitler, proclamaba que la violencia de género no existe porque, en realidad, es "violencia doméstica".