El Partido Popular (PP) anuncia un paso más contra la ley de amnistía. La llevará al Tribunal Constitucional en septiembre y recusará también a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los dos miembros del Tribunal que proceden del Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
La secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, considera que "no dan garantías de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud". También a la vuelta del verano, el 6 de septiembre, Feijoo reunirá a sus presidentes autonómicos. Uno de ellos, Alfonso Rueda, descarta que los líderes regionales puedan llegar a reunirse individualmente con el Gobierno para pactar conciertos económicos singulares como el de Cataluña.
Todavía sin fecha, pero "más pronto que tarde", Gamarra anuncia que el PP llevará a Pedro Sánchez al Senado para explicar los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido y su familia, motivos por los que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, pide la dimisión de la expresidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por su "sumisión total a Sánchez", escribe, "su docilidad con Cataluña y su implicación en la trama".
Así, el PP da un paso más en su intención de citar al presidente del Gobierno ante la comisión de investigación creada en el Senado; aunque sin concretar fechas, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha dicho a Europa Press que esa comparecencia se producirá "más pronto que tarde", cuando sea más "útil" para exigir responsabilidades políticas al líder del PSOE por "tapar la corrupción" en el partido, en el Ministerio de Transportes con el 'caso Koldo' y en su propio entorno familiar.
A su juicio, un año después de las constitución de las Cortes "ha quedado claro que a Pedro Sánchez le acorrala la corrupción en su partido, en su gobierno y en su entorno más cercano a través de su mujer y de su hermano, y no ha dado explicaciones".
Para Gamarra, "lo único que está intentando Sánchez es permanecer en el poder para utilizar todos los resortes que tenga desde el Estado para utilizarlos en defensa de los suyos y que la corrupción no le afecte desde el punto de vista de las responsabilidades políticas y penales que puedan haber".
La 'número dos' del PP considera que una cosa son las responsabilidades penales, que determinan los jueces y para los que pide "dejar que hagan su labor", y otra cosa son las responsabilidades políticas, que se dirimen en las Cortes.
Por eso el PP no se plantea llamar a comparecer a la esposa del presidente, Begoña Gómez. "Quien tiene que dar explicaciones políticas y quien tiene que asumir responsabilidades políticas es el presidente del Gobierno", ha dicho.