Francina Armengol no descarta haber hablado con Koldo García durante la pandemia de coronavirus y cree que se ha "construido un bulo" alrededor de la calidad de las mascarillas que su gobierno contrató durante su etapa como presidenta de Baleares. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, Armengol ha explicado el proceso de contratación que llevaron a cabo durante los peores meses de la pandemia, todo dentro de "un mercado extremadamente competitivo".
La presidenta del Congreso de los Diputados recuerda que el exdirector del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, recibió un mensaje que les permitía acceder a material sanitario de China, con un Koldo García que se pone en contacto con él para contratar 1,4 millones de mascarillas. Eso sí, Armengol reconoce que no recuerda si llegó a hablar con García: "No recuerdo todas las conversaciones de hace cuatro años, no descarto que hablara con García".
Durante su intervención, Armengol ha acusado a la oposición de "inventar un bulo" acerca de la contratación de las mascarillas y de la calidad de las mismas. "Nadie me ha dicho que contratase con Soluciones de Gestión. En mi vida he dado una orden a nadie de mi gobierno para que contrate con una empresa concreta, jamás he intentado ayudar a ninguna empresa, no soy de esas", añade.
"Las mascarillas no son 'fake', son mascarillas superiores a las quirúrgicas", ha defendido Armengol, que no recuerda cuándo conoció a Koldo García cuando era asesor del ministro Ábalos, desvinculándose de la contratación de material sanitario o de la apertura de expedientes.
Durante su comparecencia, Armengol ha mantenido un intenso intercambio con Elías Bendodo (PP), que le ha recordado a la presidenta del Congreso que tiene "la obligación de decir la verdad". "Debería haber dimitido hace meses cuando estalló este caso (...). Hay un agujero negro", ha asegurado Bendodo, que ha pedido a Armengol que "no mienta más" durante la comisión.
¿Qué se investiga?
La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia citó para este lunes a la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y a dos ex altos cargos de aquel Ejecutivo regional, que pagó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión --la empresa de la 'trama Koldo'-- por sus mascarillas.
Esta ha sido la tercera sesión de comparecencias que acoge la comisión. Tras una primera jornada en la que se interrogó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y al exministro de Sanidad, Salvador Illa, la comisión cambió el foco hacia la presunta trama que vendió material sanitario a la Diputación de Almería, gobernada por el PP.
En su segunda sesión la comisión recibió a un excargo del PP detenido en 2021 por ese caso y al actual vicepresidente segundo de la Diputación, y número dos del partido en esa provincia, Fernando Giménez Giménez. Aunque quedan varios comparecientes por escuchar relacionados con aquella trama que aún no ha sido juzgada, la comisión ha preferido dedicar su tercera sesión a la vertiente balear del 'caso Koldo'.
El gobierno de Armengol adjudicó un contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, la empresa que recomendaba Koldo García Izaguirre, que, a la sazón, era asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En abril de 2020 el gobierno autonómico pagó a esa empresa 3,7 millones de euros por la compra de mascarillas.
En una comparecencia pública el pasado mes de marzo, Armengol negó haber recibido "órdenes" o "presiones" de la trama Koldo para adquirir material o reclamar la devolución de parte del mismo, aunque no aclaró quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar con Soluciones de Gestión.
Todo iba a los técnicos
Armengol siempre ha mantenido que todas las ofertas que les llegaban para la venta de material durante la pandemia se pasaban a los técnicos del Servicio Balear de Salud, que eran quienes revisaban precios y materiales y decidía si contrataban o no.
Desde el anterior gobierno balear han explicado que desde el principio este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios.
En junio de 2020 se dieron cuenta de que el material adquirido no respondía a las cualidades técnicas que habían pedido, pero en agosto el IBSalut emitió un certificado a la empresa señalando que no había habido ninguna incidencia con el contrato. El equipo de Armengol en Baleares aseguran que aquello fue solo una especie de acuse de recibo que se daba por defecto, que sólo se refería a que la transacción se había realizado, pero que no impedía reclamar después.
Las mascarillas no llegaron a usarse, quedaron almacenadas porque fueron adquiriendo otras mejores a cuyo uso daban prioridad. Tampoco se destruyeron porque lo desaconsejaba el gobierno central y porque les venía bien como stock para, meses después, acogerse a las fases de desescalada.
Reclamaciones del gobierno anterior y del actual
Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022 el IBSalut ya pensaba en reclamar, en febrero de 2023 se analizó en una reunión de su dirección y al mes siguiente se comunicó a la empresa, que expresó su disconformidad. Su reclamación buscaba la devolución de 2,6 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y lo que les llegó.
Esa reclamación se formaliza en julio de 2023, años después de la compra pero sin agotar el plazo de prescripción que está fijado en cuatro años. Fue con el Govern socialista ya en funciones, pero se comunicó al nuevo Gobierno del PP en el traspaso de poderes.
Los socialistas sostienen que ese expediente de reclamación debía haberse resuelto en seis meses y creen que al final decayó por inacción del Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apunta en un auto que Koldo habría influido en que finalmente el actual gobierno autonómico desistiera de esa reclamación, pero desde el IBSalut lo niegan.
El Gobierno de Prohens se agarró a aquel certificado remitido a la empresa en agosto de 2020 para desistir del expediente de reclamación iniciado por el Ejecutivo anterior, alegando que dificultaba que les dieran la razón y optó por iniciar una nueva reclamación, esta vez por el importe total del contrato, los 3,7 millones de euros.
Cuando acaben las comparecencias, la comisión se reunirá a puerta cerrada para tomar una decisión sobre el informe de los letrados que aconseja retirar parte de las peticiones de documentación que se aprobaron hace semana, incluyendo la información que solicitó el PSOE relativa al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tanto su pareja como sus familiares directos.