La antigua cúpula de la Junta de Andalucía llegaba a la Audiencia de Sevilla para sentarse en el banquillo en el primer juicio de los ERE. Son 22 acusados: dos expresidentes, seis exconsejeros y otros 14 antiguos altos cargos del Gobierno.
Al frente, Manuel Chaves, el que fue todopoderoso presidente andaluz entre 1990 y 2009. La Fiscalía le acusa de prevaricación continuada en la gestión del fondo para empresas en crisis y pide para él 10 años de inhabilitación.
Peor lo tiene quien le sucedió al frente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán fue consejero de Economía y Hacienda antes de llegar a presidente y su responsabilidad es mayor, según la Fiscalía.
De hecho a él, además de la prevaricación continuada le acusa de un delito de malversación continuada; le pide una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
Magdalena Álvarez, también exconsejera de Economía y exministra de Fomento del Gobierno de España es otra de las acusadas. Como a Chaves, la Fiscalía le imputa un delito de prevaricación continuada por el que le pide 10 años de inhabilitación.
Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera o el célebre exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero también se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.