En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha asegurado que el procedimiento del Tribunal de Cuentas contra él, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau por los 5,2 millones de la consulta del 9N pretende destruirlos individualmente con "reclamaciones absolutamente millonarias", según ha dicho.

"Hemos tenido que ceder nuestros pisos como fianza", ha indicado el expresidente después de recordar que ya fueron juzgados y condenados a inhabilitación y multas por el 9N, pero que fueron absueltos de malversación.

Artur Mas

Ha declarado que la reclamación de la Generalitat es consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que los funcionarios "han recibido instrucciones escritas del Ministerio de Hacienda para que actuasen de esta manera y cambiasen su criterio".

Mas ha añadido que "la poca buena imagen que aún podía tener para algunos sectores de la población catalana este Estado español también se está desgastando" pero ha evitado considerarlo una victoria porque, en sus palabras, esto es una batalla dura y larga.