Después de que este lunes ERC anunciara un preacuerdo con el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, este martes laSexta ha tenido acceso al documento en el que se confirma que será "la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña".

En concreto, el escrito detalla que estas funciones "corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña" excepto aquellas que sean "de naturaleza local". En definitiva, soberanía fiscal, un nuevo modelo de financiación y avanzar en la resolución del conflicto catalán con medidas refrendadas por la ciudadanía son las claves del texto.

Pese al revuelo y relevancia del posible acuerdo, destaca la parte del documento en la que habla sobre "la aportación catalana a las finanzas del Estado" que incluirá, por un lado, "el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña" que "se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos", y por otro, "la solidaridad" con el resto de comunidades autónomas.

¿Qué es el principio de solidaridad?

El principio de solidaridad, recogido en el artículo 2 de la Constitución española, vela por el "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

En cambio, "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", reza el artículo 138.

¿Cómo aplicará este principio en Cataluña?

Dado que ese artículo es el principal escollo al que se enfrenta una financiación singular para Cataluña, el preacuerdo entre ERC y PSC indica que "Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, debido a que cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios", por lo que no se corresponde a "un modelo de solidaridad entre territorios".

Para poder seguir respetando ese principio de solidaridad, ERC y PSC insisten que Cataluña seguirá colaborando en la solidaridad territorial, pero ahora estará regulada según la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma.

"Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural al sistema de financiación que, en caso de no adoptarse dentro del 2025, requerirá medidas compensatorias", afirman en el documento.

Es decir, la colaboración de Cataluña con el resto de España estará limitada. Con el principio de solidaridad acordado, ninguna comunidad autónoma española podrá recibir menos por habitante que otras que hayan aportado menos a la arcas estatales.

Y, en el caso de que Cataluña reciba menos que cualquier otra comunidad autónoma basado en la aportación fiscal por habitante, el país tendría que compensar a Cataluña con esas "medidas compensatorias" antes mencionadas.