El esperado acuerdo entre 'populares' y socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge la presentación de una proposición de ley orgánica que, argumentan, "reforzará la independencia del Poder Judicial". Lo hacen porque así lo recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023.

La proposición de ley será refrenda en el Congreso de los Diputados el próximo mes de julio. El PP ha indicado que la proposición de ley encarga "a los nuevos integrantes del Consejo la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho en los países miembros".

Además, ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de "participación directa" y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ, ha señalado el Partido Popular. Y es que la proposición de ley de este partido, en su disposición adicional, "se establece que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se deberá hacer, por parte de los miembros del CGPJ, un examen de los diferentes sistemas de elección de los jueces y una propuesta de reforma de dicho sistema".

"Esto debe ser evaluado a la luz del informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea y después trasladado al Gobierno, al Congreso y al Senado como proyecto o proposición de ley".

Estos son los cambios que introduce la ley en el Supremo, el CGPJ y Fiscalía

La proposición de ley, que consta de 10 hojas, "incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados o magistradas del Tribunal Supremo". Además, la ley también modifica varias cuestiones referidas al CGPJ y son:

  • "Introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado como vocal del por el turno de juristas de reconocida competencia, de manera que no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores", hayan tenido algún cargo en la política.
  • También "obliga a que los candidatos comparezcan ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y presenten una memoria de méritos y objetivos, antes de ser elegidos".
  • Establece que las Cámaras elijan un suplente por cada vocal titular.
  • "Prevé la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas", recoge.
  • La ley también prevé la posibilidad de que el pleno pueda crear otras comisiones, por mayoría de tres quintos.
  • Y por último, exige una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales y del Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su sustituto.

El texto implica también la prohibición expresa de que un exministro o secretario de Estado pueda ser fiscal general del Estado, como ha sucedido con Dolores Delgado. Tampoco podrá ser fiscal general en un plazo de cinco años los consejeros de un gobierno autonómico o de una alcaldía, los eurodiputados, diputados o senadores, o los miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma.

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