Las Asociaciones de fiscales han pedido este miércoles la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.

La Asociación de Fiscales ha considerado que el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede mantenerse en el cargo" después de haber sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, ya que está en juego "la dignidad de la carrera fiscal".

A su entender, y aunque hay que respetar el principio de presunción de inocencia, hay que recordar que la Fiscalía General del Estado es "la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". La imputación del fiscal general supone una "crisis reputacional" para la institución ante la que "solo cabe una opción" que es la salida de García Ortiz para que la imagen de la Fiscalía General no salga "comprometida".

En esta línea que apunta la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, el comunicado emitido por la Comisión Ejecutiva también denuncia que "la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos, cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación,". Y denuncian que "revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible".

Por su parte, La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también ha pedido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado. Esta asociación ha emitido un comunicado en el que asegura que García Ortiz no puede seguir "ni un minuto más" en el cargo al haber perdido la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ya que esa condición es incompatible con la condición de imputado.

La APIF entiende que García Ortiz ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público y estima que "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".

El artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que "la persona titular de la FGE podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal".

Acogiéndose a esta norma, APIF entiende que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él y concluye que "esta situación no tiene ningún sentido".