La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido que el expresidente de la Junta de AndalucíaJosé Antonio Girñán entre en la cárcel. También ha tomado la misma decisión para otro siete antiguos altos cargos de la administración autonómica.

La defensa de Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de cárcely 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, había formalizado un escrito solicitando que no ingrase en prisión hasta que se resuelva la petición de indulto. Los abogados del socialista pedían así que se desestimase el escrito con el que la Fiscalía Anticorrupción pedía que ingresase en la cárcel sin más demora, algo que la Audiencia Provincial ha rechazado.

Ahora, través de un auto, la sala ha resuelto denegar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto a los penados. Esta decisión afecta además de a Griñán a Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo; Carmen Martínez, exconsejera de Hacienda; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; José Antonio Viera, exdelegado provincial de Educación; y Antonio Fernández, exconsejero de Empleo. A todos ellos se les requiere para que comparezcan en plazo de diez días ante la Sala para su ingreso voluntario en centro penitenciario.

El tribunal recuerda que estos ocho encausados han sido condenados a penas de prisión "de larga duración, cometidos por empleados públicos, que entre sus funciones tenían encomendadas la gestión de fondos públicos, lo que hace que la alarma social producida por este tipo de delitos de 'corrupción política' exija el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".

Además, sobre el hecho de que haya transcurrido un "gran lapso tiempo desde la fecha de los hechos", destacan que esta es una 'macrocausa' con muchos investigados por lo que la práctica de diligencias se dilatan en el tiempo. "No en vano, la duración de las sesiones del juicio se prolongaron durante un año, dada la complejidad del asunto".

En cuanto a la carencia de antecedentes penales de los condenados, el tribunal destaca que aunque es cierto "también lo es la gravedad y extensión de las penas por las que han sido condenados".

Por todo ello, concluye la Audiencia, "no concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena por petición de indulto por las razones recogidas". Según subraya la Sala, "tampoco existe apoyadura legal para que este tribunal demore la ejecución de la pena, en tanto se resuelva el incidente de nulidad planteado ante el TS, y aún menos la suspensión cautelar que los condenados pretenden y anuncian solicitar al Tribunal Constitucional".

Por otro lado, la Audiencia sí ha acordado la suspensión de la pena de prisión de tres años a Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo de la Junta, mientras se tramita sus solicitud de indulto. Argumenta que "su situación es distinta a la de los otros condenados, siendo la pena impuesta inferior en tres y cuatro años a la del resto".

Contra el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, cabe interponer recurso de súplica en el plazo de dos días.

La defensa de Griñán: "No es un político corrupto"

La defensa del expolítico pedía evitar el ingreso en prisión hasta la resolución del indulto, alegaba que Griñán "no es un político corrupto" y que de darse el caso de que entrase en la cárcel y después se le concediese el indulto podría ocasionarle un "perjuicio irreparable".

En su escrito a la Audiencia Provincial también habló de su avanzada edad, ya que el expresidente autonómico tiene 76 años, y recordó que han pasado entre trece y veintidós años desde que estuvo funcionando el sistema de los ERE. Además, incidían en que es "la única condena en toda su vida" y que "no tiene antecedentes".