La Justicia ha decidido reabrir la causa relativa a las muertes registradas en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia. Así lo ha visto necesario la Audiencia Provincial de Madrid, que ha admitido parcialmente el recurso de las familias de las víctimas en estos centros. Asimismo, ha ordenado al Juzgado Número 5 de Leganés que tome declaración en calidad de testigos a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al COVID 19 en cada una de las residencias.
Estos deberán explicar "los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles". También se ha citado para tomar declaración, como testigos, a los responsables médicos de cada residencia en el momento de los hechos "en relación a la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes"; esto es, para explicar la situación médica de los pacientes y el seguimiento de los protocolos para la derivación hospitalaria.
Y a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa se les llamará para declarar para que "informen sobre los criterios adoptados para el traslado de los enfermos desde las residencias a los hospitales", indicando la situación de los mismos y la adecuación del tratamiento según su estado, e "ilustren la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes". Todo, según el auto al que ha tenido acceso laSexta, a efectos de "establecer la relación con el fatal desenlace".
Se estima así este recurso de apelación contra el sobreseimiento de la causa que se dio el pasado 13 de julio de 2021, por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Leganés, por "no ser los hechos constitutivos de infracción penal". Cabe destacar en este punto que, tras el recurso de los familiares de las personas fallecidas, el Ministerio Fiscal "interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida".
En la comisión de investigación, Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria, afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que firmó y envió a ambos departamentos regionales. Según manifestó, "ningún protocolo estancó el traslado de residentes a hospitales". En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.
En su auto de archivo, la jueza exponía que era "la pandemia la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la actuación que pudieran haber llevado a cabo desde un punto de vista administrativo y/o gubernativo para intentar su control y minimizar su impacto". Los magistrados acuerdan ahora que dicho archivo se revoque a los efectos de practicar las diligencias indicadas y las que, en su caso, el instructor considere necesarias.