El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest cuyo fundador es Álvaro Romillo, conocido como Luis Cryptospain y que está relacionado con Alvise Pérez por financiar con 100.000 euros su partido político, y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro desestima la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al agitador Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, porque según doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.

Calama admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados. Estas denuncias se dirigen contra Álvaro Romillo como responsable del Grupo Madeira Invest Club y contra la persona jurídica Madeira Invest Club, entre otros responsable y entidades.

En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.

El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional.Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.

En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.

El auto indica que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.