El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la denuncia presentada por el empresario investigado Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por un delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su partido 'Se acabó la Fiesta'. Le ofrece declarar voluntariamente el 20 de noviembre.

Para investigar estos hechos, el juez en su auto, acuerda abrir una pieza separada independiente de la principal, en la que se investiga la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest.

En esa causa principal, el magistrado apunta en su auto que la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

En su resolución, el juez incorpora la denuncia de Álvaro Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal".

Calama señala que los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos e indica, además, que los documentos que acompañan la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación.

El juez aclara también que la admisión a trámite de una denuncia no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al denunciado comenzar a defenderse en el proceso conforme a lo dispuesto en el art. 118 LECrim. "Supone, por el contrario, la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que una o varias personas, actuando como denunciantes, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional.

El denunciante pasa a ser investigado

El instructor explica que el delito de financiación ilegal, al igual que con la figura del soborno o el cohecho, además de castigar a los que reciben donaciones para la formación política, extiende su responsabilidad a "quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta".

En este caso, el denunciante Álvaro Romillo también aparece como responsable de esta modalidad, por lo que se acuerda cambiar el estatus de testigo que le correspondería como denunciante por el de investigado, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez ha señalado su declaración también para el 20 de noviembre.