El móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue infectado por el programa informático Pegasus hasta cinco veces, pero la investigación no puede continuar y el juez José Luis Calama se ve obligado a archivar el caso. Es lo que ha comunicado este lunes la Audiencia Nacional, que ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por el espionaje a los móviles de Sánchez y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El magistrado acuerda el archivo ante la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que no ha contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional y ha frustrado la continuación de la investigación.

En el auto de sobreseimiento provisional, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro repasa todas las diligencias practicadas a lo largo de la causa, que se ha seguido por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que, dice, ha "puesto en jaque la propia seguridad del Estado".

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación, indica la resolución, la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se han detectado como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información "exfiltrada" entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. La segunda se detectó el 31 de mayo y la información "exfiltrada" fue de 130 MB.

Según el mismo auto, la ministra de Defensa, fue espiada también hasta en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el ministro del Interior lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. La investigación ha hallado que el teléfono del ministro de Agricultura fue objeto de una infección el 25 de junio de 2021, aunque por la cantidad de información "exfiltrada" (inferior a 1 kb) parece que el espionaje no tuvo éxito, por la existencia de una de las aplicaciones "vacuna".

Aun así, el CCN/CNI no ha podido determinar la autoría de ninguna de estas infecciones. Es por ello que el juez Calama dirigió una comisión rogatoria a Israel con una solicitud de información a la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la petición de declaración como testigo de su CEO. El fracaso de ese intento es el que ha llevado al archivado provisional de la causa.

"Falta absoluta de cooperación"

Dos veces ha tenido que recordar la Audiencia Nacional dicha solicitud de cooperación jurídica internacional, que intentos que han resultado infructuosos: "Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance", apunta el juez, que añade que solo queda "una eventual vía diplomática" que pueda impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales. Calama añade en el auto que la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones como representante procesal de la Administración General del Estado, hará uso de los mecanismos de las que disponga para impulsar dicha vía diplomática.

El texto del auto da seña del descontento del juez con la falta de colaboración de Israel, y apunta que "la frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias" impiden investigar sobre la autoría del espionaje. Así sin poder tener indicios de autoría ni proceder a interrogar ni imputar a nadie, se ve abocado "a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos, tal y como previene el referido art. 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", concluye.