La pasada semana la sección segunda de lo Penal, que desde 2015 tiene pendiente señalar la vista oral por la reforma de la sede del PP, preguntó a De la Mata si podía ya juzgar estos hechos o si esa "instrucción complementaria", abierta tras elevar el caso Bárcenas a la Sala, se encontraba "directamente relacionada" con esos hechos.
Ahora, De la Mata, en un auto, informa a la Sala de que la investigación que se sigue en su juzgado por la caja b no tiene "conexidad" con la relativa a la reforma de la sede del PP. Recuerda a la Sala que ese caso se dirige "exclusivamente" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente Cristobal Páez y el propietario del estudio de arquitectura que se encargó de la reforma, mientras que "la instrucción complementaria" investiga "las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP" y se sigue contra empresarios y exdirigentes del partido.
La investigación en curso, que el juez tiene de plazo para instruir hasta diciembre de 2019, "está dirigida contra las personas respecto de las que se acordó en 2015 el sobreseimiento provisional" y entre los que figuran los empresarios Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero y Alfonso García Pozuelo y el exdirigente del partido Ángel Acebes, indica De la Mata.
Explica así que la reapertura de esta causa "tiene por objeto realizar una instrucción complementaria que está relacionada, única y exclusivamente, con los hechos y personas que fueron objeto de sobreseimiento provisional, de modo que, formalmente, esta decisión en nada afecta a los hechos y personas" que serán juzgadas en relación al presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP.
En ese juicio, al igual que en el de Gürtel, el PP está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en negro de los 888.000 euros que costó la reforma, por lo que ha tenido que prestar antes de la vista oral una fianza de 1,2 millones de euros.
La Fiscalía no vio delito tributario del PP en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma, que atribuye al extesorero, que está cumpliendo una condena de 33 años de cárcel por el caso Gürtel, y para el que pide 5 años de prisión.
La causa por tanto se había dado ya por concluida, pero ante las revelaciones que hizo Correa en 2016 en el juicio de la primera época de Gürtel sobre el cobro del 3% a empresarios por parte de miembros del PP, De la Mata, a petición de las acusaciones, acordó reabrir esta pieza y seguir investigando el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que hubieran redundado en esa caja b.
A esa nueva investigación, De la Mata incluyó también conversaciones intervenidas en el caso Lezo -en el que fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González- sobre presuntos pagos de comisiones al PP y citó entre otros a declarar como testigo al exministro Zaplana, actualmente en prisión preventiva.