Ni cuatro meses han pasado del arrebato público de Alfonso Grau, cuando dijo que "si alguien esperaba que fuera a decir que me voy, que lo olvide". De aquellas, a golpe de chulería, se ventiló una rueda de prensa por la que terminaría pidiendo perdón.
Pero entonces Grau estaba a punto de salir de su doble tanda de imputado desimputado. De la última le salvó el propio juez José Castro, ante el que declaró segurísimo de sí mismo hace casi tres años.
En su último auto, en diciembre, dejaba fuera de la lista de acusados del caso Nóos al vicealcalde de Valencia por considerar que más allá de haber funcionado como entidad privada la fundación que presidía, nadie de la oposición se opuso a los contratos de más de tres millones de euros con el Instituto de Iñaki Urdangarin.
Castro desoía la petición expresa de la Audiencia de Palma, pero los socialistas volvieron a recurrir y ya sí que no hay marcha atrás. Alfonso Grau se sentará en el banquillo de los acusados por delito continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial.
Es más, le consideran impulsor de la concertación y tiene 20 días de plazo para presentar su defensa. "Ni que yo fuera Kennedy" era como se defendía el propio Grau. Cuando solo batallaba por estar imputado, aquí en laSexta dejó sentenciado su final afirmando que "si se abre juicio oral, dimitiré. Me comprometo con toda España".
Unas líneas rojas que el mismísimo Fabra le ha recordado todo este tiempo, incluso dejando claro que lo había hablado con su principal aval, Rita Barberá. Pero ahora, tanto una como otro siguen en la diana de los socialistas.
De momento dan así media batalla por ganada, que Alfonso Grau se enfrente a 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación como cargo público. Cierto es que ahora mismo no es solo el vicealcalde de Valencia. A punto de compartir banquillo con otros 17 acusados del caso Nóos, Grau es también quien coordina la acalorada campaña del PP de Valencia.