La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a 10 años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y prevaricación. Además, se ha cifrado en 9,8 millones de euros las comisiones que la trama del caso Erial habría blanqueado por el amaño de la adjudicación de contratos de los parques eólicos y las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuando Zaplana era presidente del Gobierno valenciano.

También se le ha impuesto 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros por el caso Erial. Por otro lado, ha sido absuelto del delito de integración en organización criminal, pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.

La Sala también ha condenado a otros cinco acusados a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José C.E. y Francisco P.L., el abogado y asesor fiscal Francisco G.J. y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro Joaquín Miguel B.Ll.

Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre los absueltos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta se deja por escrito que Juan Francisco García Gómez, otro de los acusados por el caso Erial, y Eduardo Andrés Julio Zaplana hicieron "lo necesario para que se produjeran las adjudicaciones concertadas en el proceso de selección y contratación de las empresas licitadoras, conforme a los pactos suscritos por Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández- Soro con Juan Gabriel Cotino Ferrer, tío de los acusados Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá, que fueron conocedores con posterioridad de la existencia de este acuerdo y procedieron a cumplirlo en sus propios términos con la operativa que después se pasará a exponer".

Y no solo eso, sino que en el documento de la Audiencia de Valencia también se ha indicado que Zaplana diseñó estructuras societarias en Panamá, Andorra y Luxemburgo, esta última bajo el nombre de IMISON INTERNACIONAL SA. Dicha estructura de sociedades offshore en Panamá fueron creadas aprovechando las ventajas de opacidad que dicho país tenía en el momento de la constitución de las mismas.

En el caso de IMISON INTERNACIONAL SA, en el informe se ha afirmado lo siguiente: "Traspasada la titularidad de las acciones de IMISON INTERNACIONAL SA de Vicente Cotino Escrivá a Joaquín Miguel Barceló Llorens, como titular formal, aunque su verdadero titular era Eduardo Andrés Zaplana Hernández-Soro, se desarrolló por los acusados Joaquín Miguel Barceló Llorenes, Edudardo Andrés Julio Zaplana Hernández Soro y Francisco Grau Jornet, una actividad por un lado de utilización de dinero en efectivo de los fondos de IMISON INTERNACIONAL y por otro lado, de inversión en España de estos fondos, a través de una serie de sociedades".

Más allá de las estructuras societarias, la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia también ha recogido que con el dinero que se sacó de toda la trama se compró un chalet por valor de 2,1 millones más IVA en La Finca para Joaquín Miguel Barceló, un piso en la calle Núñez de Balboa para Zaplana valorado en 1,6 millones, dos áticos en Altea y un barco llamado Loix por 500.000 euros.

Además, el testaferro Fernando Belhot entregó a Zaplana 2,3 millones de euros en efectivo. En mayo de 2018 se localizaron 50.000 en un sobre en el bolso de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henriquez. "Washington Fernando Belhot Fierro, durante 7 u 8 años de administración, hizo entrega de aproximadamente 2.300.000 euros a Eduardo Andrés Julio Zaplana HernándezSoro, en metálico, conforme a los requerimientos que este le hacía, mediante el "sistema de cambios" y utilizando para ello en la mayoría de las ocasiones a su secretaria personal Mitsouko Flérida Henríquez Alcántara", se ha indicado en la sentencia.

La sentencia ha apuntando que durante un breve espacio de tiempo las empresas del grupo SEDESA (LEVANTINA DE OBRAS Y EDIFICIOS en el caso de las ITV e INVERSIONES EN ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS en el caso de los Parques Eólicos) obtuvieron ingresos superiores a 86.500.000 de euros, "generando importantísimas plusvalías, con ocasión de la venta de sus participaciones en las sociedades VALENCIANA DE REVISIONES SL (ITV) y PROYECTOS EÓLICOS VALENCIANOS SA (PECV), adjudicatarias de los precitados contratos públicos".

Por último, se ha señalado que la cuantía de los fondos blanqueados, que tal y como se detalla en los hechos declarados probados, las entradas de capital se produjeron en el período comprendido entre el 17 de febrero de 2004 y el 9 de marzo de 2007 y alcanzaron la cifra de 9.873.520 euros, de los cuales la cantidad de 9.234.610 euros correspondía a ingresos asociados con operaciones de dinero de efectivo, mediante el "sistema de compensación de fondos de efectivo", método típico del delito de blanqueo de capitales que aquí se está enjuiciando.