Carolina Bescansa explica en un mensaje en su canal de telegram que ha presentado a las estructuras organizativas de Podemos y a los inscritos esas tres propuestas, fruto del debate con juristas y constitucionalistas que en 2016 desarrolló la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente, de la que ella misma era titular hasta la asamblea de Vistalegre II, que renovó la dirección del partido.

La diputada de Podemos, a quien su partido decidió sustituir hace unas semanas como miembro de la Comisión Constitucional del Congreso por Irene Montero, planteó unos días después que Podemos debía "hablar más para España y no sólo a los independentistas" y ha defendido en varias ocasiones que la crisis territorial va más allá de Cataluña.

Pese a que sus palabras provocaron malestar en la dirección de Pablo Iglesias, Bescansa ha dado un paso al frente y ante lo que califica como una "crisis de Estado" que ha llegado "de la mano de independentismo catalán", ahora propone a su partido soluciones concretas aglutinadas en tres propuestas de cambio constitucional.

La primera, la transformación del Senado en una cámara territorial con competencia exclusiva en la distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica, el cálculo del cupo y los fondos de compensación interterritorial. En segundo lugar, propone delimitar las competencias del poder ejecutivo frente al legislativo, el judicial y el resto de las administraciones del Estado; de tal manera que el Gobierno no podría acudir al Senado para aprobar la aplicación del artículo 155 ni tampoco nombrar al fiscal general del Estado, competencia que reclama para el Congreso con un sistema de mayorías reforzadas.

Asimismo, plantea incluir un mecanismo de elección directa del presidente del Gobierno a través de sufragio universal en dos vueltas y con circunscripción única estatal. Por último, desarrolla en varias fases la forma de articular el derecho a decidir, primero con un referéndum en el que debería respaldarse el cambio constitucional en toda España y "en cada uno de los pueblos que lo integran".

En el caso de que esa reforma sea rechazada por algún "ente federado" el gobierno de esa "región, comunidad, país o nación", tendría que disolver el parlamento y convocar elecciones, según el documento de Bescansa. Seis meses después de la formación del nuevo gobierno, "el parlamento territorial someterá a votación una propuesta de consulta vinculante" -que deberá aprobarse con el 55% de los votos- para preguntar a la ciudadanía si desea que se celebre un referéndum para ejercer el derecho a decidir la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente.

Si es aprobada la celebración de esa consulta, se procederá a su inmediata convocatoria, y se celebrará en los cien días posteriores a su aprobación en el parlamento. En el caso de que la mayoría del electorado apostase por celebrar un referéndum sobre la independencia, se trasladaría al Congreso de los diputados la tarea de preparar su organización en una comisión mixta con participación de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y del parlamento territorial correspondiente.

Y concreta más, que ese referéndum se debería celebrar no inferior a ocho meses desde la primera consulta a la ciudadanía ni superior a doce. Si la mayoría apuesta en ese referéndum por la independencia, se disolverá el parlamento territorial, se volverían a convocar elecciones y el nuevo parlamento resultante tendría que respaldar el resultado de la consulta con una mayoría de tres quintos.