El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya cinco años en funciones por la negativa del Partido Popular a pactar con el Ejecutivo, agrava cada día más la situación de las diferentes instancias judiciales. Justo este jueves el CGPJ ha aprobado la jubilación del magistrado Miguel Colmenero de la Sala de lo Penal del Supremo, la única que hasta ahora permanecía libre de bajas, lo que eleva la cifra total a 22 en el Alto Tribunal y 80 en todas las instancias judiciales.
El Gobierno limitó la capacidad del CGPJ de aprobar nombramientos teniendo el mandato caducado como una manera de sumar presión al PP para conseguir un acuerdo que renovase el órgano de Gobierno de los jueces.
Con la jubilación de Colmenero, pasan de 15 a 14 magistrados en la Sala de Penal; en la de lo Civil, están 8 de 10; mientras que la de lo Contencioso-Administrativo tiene 21 de 33 y en la de lo Social hay 8 de 13. La Sala de lo Militar cuenta con dos vacantes y solo seis jueces.
Las vacantes del Alto Tribunal se suman a la de la Audiencia Nacional, 24 en las Audiencias Provinciales y 33 en Tribunales Superiores de Justicia.
El Supremo estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone", y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas.
El pasado febrero, un Pleno extraordinario del CGPJ que se convocó para tratar únicamente el "grave" problema del Supremo no logró sacar adelante ningún plan, ni el planteado por la Comisión Permanente ni el texto alternativo de dos vocales. La propuesta de la Permanente urgía al legislativo a renovar el Consejo o de lo contrario que le devuelva las competencias para hacer nombramientos, mientras que el plan B solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas.