El PSOE defiende regular la acusación popular para "evitar una feria de ultras" en la Justicia española

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles en un canutazo a los medios de comunicación la proposición orgánica que el PSOE ha hecho en la que plantea limitar las acusaciones populares en los procedimientos jurídicos, entre otras cuestiones. Es, en concreto, este punto sobre el que el socialista ha asegurado que es necesaria su salida adelante para evitar "una feria de ultras".

"La proposición va en línea con esa limitación de la acusación popular que han expresado organismos importantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Supremo", ha argumentado Bolaños a su llegada a la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, en el Centro de Estudios Jurídicos. Al hilo, ha explicado que esta figura procesal penal "es necesario regularla" puesto que del contrario la Justicia se convertiría en "una feria de ultras".

Término similar del que se han servido desde el mismo PSOE, respecto a la críticas suscitadas ante la medida registrada: "Llevamos demasiado tiempo viendo como algunas instrucciones se convierten en un festival ultra de acusaciones gravísimas que no se sostienen con ningún indicio de delito", han lamentado. Asimismo, han considerado que "están llegando a límites no tolerables".

En esa línea, critican que "las instrucciones judiciales no pueden estar en manos de asociaciones ultras cuya única finalidad es utilizarlas para su promoción, primero, y para desprestigiar el buen nombre de muchos ciudadanos y ciudadanas de este país". Frente a ello, piden una "regulación" que no una eliminación, pues la intención es la de "acotar su protagonismo en las causas judiciales".

Unos argumentos que en primera instancia no convencieron a los socios de Gobierno. Tanto Sumar como Junts mostraron su rechazo frontal a la propuesta registrada en el Congreso de los Diputados. Mientras que los neoconvergentes calificaban la medida de "insuficiente y que no aborda el problema de fondo", los de Yolanda Díaz calificaban de "incomprensible" la medida al considerar que no es esa la forma de "acabar con el 'lawfare'", que se pretende combatir desde el Ejecutivo.

Como era de esperar, la propuesta tampoco sentó bien en el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP). De hecho, llegaron a asegurar que la iniciativa muestra la "desesperación" del PSOE" ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, a su partido y a Pedro Sánchez".

Incluso, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, llegó a calificar la medida de como propia de la dictadura de Francisco Franco. "Se pasa de aquellas cosas que decía [Pedro] Sánchez de 'colaboraré con la justicia' a decir 'la justicia a los efectos de mi familia no puede actuar'. Y por tanto estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Franco, que de un país democrático", valoró en 'Onda Cero' el pasado lunes.

Unas palabras que Bolaños ha recogido este martes al asegurar que "tanto Feijóo como el PP van a ir a Europa a decir que nuestro Estado de Derecho está en riesgo por esto". A renglón seguido ha subrayado que le "gustaría ver la cara que van a poner" los socios europeos "porque la acusación popular solo existe en España y en Andorra".

Entonces, Bolaños no ha dudado en hacer un llamamiento para "evitar que los ultras perviertan esta figura". De hecho, en su comunicación con los medios de este martes los socialistas han recordado que el PP también planteó "al final de su etapa de gobierno" con Mariano Rajoy una regulación similar.