El juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas es el primero con un partido acusado de un delito penal: el PP, por daños informáticos. También están acusados tres de sus empleados por encubrimiento: la extesorera Carmen Navarro, el responsable de servicios jurídicos, Alberto Durán, y el director de informática, José Manuel Moreno.
Los hemos visto sentados en el banquillo, pero no los veremos declarar. El juicio no será televisado, así lo decidió el juez a petición del PP y de la Fiscalía. Ahora ratifica su decisión, pese a un recurso de Izquierda Unida, parte en la acusación popular.
La Fiscalía ha solicitado, además, el archivo de la causa y la aplicación de la doctrina Botín, que establece que, sin acusación particular o del fiscal, el acusado, en este caso el PP, no puede ser juzgado; petición que el juez aplaza a su sentencia, con lo que el PP seguirá sentado en el banquillo.
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El fiscal considera que no está demostrado que los ordenadores contuvieran información relevante, pese a que Bárcenas declaró que en ellos figuraban datos sobre la caja B del PP.
El extesorero, en la cárcel, tendrá que aclararlo en la sala del juzgado, y no por videoconferencia, como pedía su abogado. Es uno de los seis testigos, junto a Dolores de Cospedal, que se sentarán ante el juez. El objetivo: esclarecer tras seis años si el PP intentó ocultar pruebas de su contabilidad B.