La brecha abierta en el seno del PSOE tras el preacuerdo firmado entre PSC y ERC, para lograr el respaldo de los republicanos en la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, se ensanchaba a primera hora desde Extremadura y Asturias. Ahora, cuatro federaciones socialistas se suman a la petición de un debate interno. Tal y como adelanta la Cadena Ser, estas serían Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón.
El primero en pronunciarse este viernes en esta línea ha sido el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que ha propuesto a su homólogo a nivel nacional, Pedro Sánchez, convocar "ya" el Consejo de Política Federal.
Gallardo argumenta su propuesta en que esta convocatoria ofrecería un espacio para que las filas socialistas tengan la "oportunidad de dialogar", así como de "definir su postura". Algo que considera de gran importancia tratándose de "un tema tan trascendente como la financiación autonómica", ha asegurado el socialista extremeño.
En esa línea, se ha comprometido a defender "siempre los principios del partido". Entre ellos, destaca "la solidaridad entre españoles" independientemente de "quien gobierne en Cataluña", pero también de quien lo haga "en España" al considerar "firmemente que los ciudadanos son iguales" siendo indiferente el lugar en el que vivan.
Tampoco ha dudado Gallardo en asegurar que "el PSOE siempre va a defender un sistema de financiación que sea igual para todos los españoles" por lo que es necesario "apostar por el diálogo para una posición común". Ante ello y tras una pregunta de los periodistas allí presentes, el socialista extremeño ha sostenido que su formación estará "radicalmente en contra de cualquier sistema que implique desigualdad".
¿Documento oficial?
No obstante, ha matizado que no puede basarse "en la oficialidad de un documento que no es oficial" en referencia al texto que este viernes votará la militancia de ERC. Un documento oficial, que momentos previos, había criticado no existía, al mismo tiempo que admitía que lo publicado correspondía a la necesidad de que los republicanos lo votaran.
La posición de Gallardo, en cambio, se contrapone a la del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, el cual ha defendido que el texto "fue aprobado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE; Por tanto, el PSOE ha mostrado su total apoyo".
En esa línea, admite que puedan plantearse "legítimas dudas" en torno a estos compromisos, pero resalta que estas "deben encauzarse desde la lealtad" al partido que asegura "está comprometido con la solidaridad territorial". En esa línea, y en clara referencia al nuevo modelo de recaudación y gestión de tributos que contempla el acuerdo, sostiene que "lo verdaderamente importante [para los socialistas] es la educación y la sanidad publica, y no en cómo y quién recaude los impuestos".
Además, Martín Aguirre ha enfatizado que este acuerdo entre el PSC y ERC "representa" la posibilidad de que "ideas diferentes sean capaces de encontrar un espacio común para poder avanzar". De esta manera, defiende el preacuerdo como "un paso importante para poder comenzar una nueva etapa en España y Cataluña".
Críticas desde Asturias
El Gobierno de Asturias ha expresado este jueves también su "rechazo" a que "cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal". "Este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma. Rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal", ha remarcado el portavoz del Ejecutivo asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
En declaraciones a los periodistas, ha advertido de que ello supondría una "merma" de los recursos del Estado y, por tanto, un "límite a la solidaridad" dado que significaría "caminar hacia un modelo. Preguntado por la posibilidad de los que los diputados socialistas asturianos rechacen este preacuerdo en el Congreso, ha respondido que el Ejecutivo regional tomará "las acciones necesarias" para defender que su modelo de "multilateralidad y de régimen común" sea el que sirva para reforma el sistema de financiación.
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