El Ministerio de Justicia estima que una de cada tres agresiones sexuales en los últimos cinco años podrían haberse producido "con la víctima bajo estado de sumisión química" por efectos del alcohol, las drogas u otras sustancias, unos datos que, sin embargo, sólo son "la punta del iceberg".

Porque, según ha avanzado este martes la titular de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa, hay "indicios para creer" que otros "muchos" casos "se nos escapan".

Llop ha presentado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los resultados del trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), dependiente del Ministerio, sobre los delitos sexuales y la sumisión química, un "tipo de violencia cada vez más extendida" y sobre la que, ha enfatizado, "es imprescindible actuar".

Aparte de los datos de los últimos cinco años, el Instituto "constató" 3.001 agresiones sexuales en 2021 y, tras analizar 994 de ellas ante la sospecha de que pudieran haberse cometido bajo sumisión química, "el resultado dio positivo en el 72% de los casos".

La ministra, acompañada de dos mujeres responsables de este centro, ha explicado que existen dos tipos de sumisión química: la oportunista, donde el agresor aprovecha "la falta de voluntad o desinhibición de la víctima porque ha consumido drogas o alcohol"; y la "premeditada", en la que directamente la proporcionan algún tipo de sustancia.

Son, ha dicho, delitos "facilitados" por las drogas en los que el agresor se aprovecha de una mujer "con la voluntad mermada", en estado de inconsciencia o semiinconsciencia y que luego además sufrirá una "amnesia que dificultará el relato de hechos".

Tanto la ministra como la directora de química del Instituto, Begoña Bravo, han querido lanzar un mensaje claro: la víctima tiene que acudir al hospital lo más pronto posible ante la "sospecha" de haber sido agredida sexualmente porque "es fundamental la toma temprana de muestras".

Convencidos, ha dicho Llop, "de que era urgente actuar en esta materia", la ministra ha destacado la inversión de 4,3 millones de euros en 2021 para la adquisición de instrumentos y equipos de alta resolución, y de otros 4 millones para este año destinados a nuevos equipos analíticos.

En materia legislativa, la ministra ha subrayado que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ultima Justicia regulará por primera vez "la cadena de custodia y las pruebas biológicas atendiendo a criterios científicos".

Y ha hecho un "llamamiento" a todos los actores políticos para luchar contra estos delitos e "insistir en la educación en valores de igualdad y respeto": "Queremos que las mujeres dejen de sentir miedo e inseguridad; dejen de sentir vergüenza".

Entre las herramientas impulsadas por Justicia, la ministra ha destacado el Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual, una "guía pionera" con las "pautas para la toma y custodia de muestras que pueden ayudar a perseguir a posibles agresores" y a que los médicos forenses actúen de la mejor manera posible ante una víctima de agresión sexual reciente.

Llop ha aludido a dos paquetes o kit: uno sobre la toma de vestigios biológicos a las víctimas que ya está a disposición de los profesionales; y otro de muestras para análisis toxicológico que estima estará disponible antes de que acabe el año.

También se ha desarrollado una guía de buenas prácticas ante los casos de sumisión química para abordar la respuesta médico-legal y pericial.