Aunque esté condenado a cuatro años de prisión, Carlos Fabra no se mueve ni de la Cámara de Comercio de Castellón ni del Consejo de Administración del Puerto de la ciudad.

En la Cámara de Comercio, donde el expresidente de la Diputación de Castellón cobra 90.000 euros al año, le han ratificado porque delinquió a título particular. "Los delitos fiscales son un asunto que se refiere al ámbito de su economía particular, en una época en la que no trabajaba en la Cámara", asegura Dolores Guillamón, directora de la institución, que reconoce que se hace cargo de la lacra. "Asumo la relevancia de su imagen pública".

La ratificación va a traer polémica porque conlleva varios problemas. Por una parte, la Cámara de Comercio es un órgano privado que recibe dinero público. Además, por su cargo en la Cámara, Carlos Fabra acude al Consejo del puerto de Castellón, que sí es una empresa pública.

En el Congreso, su expartido poco o nada quiere decir sobre él, ni siquiera su propia hija se pronuncia ante los medios de comunicación. Por su lado, la oposición en bloque lamenta el bochorno que está protagonizando Carlos Fabra y el Partido Popular.