El exconseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó, ha sido condenado por su participación en la celebración del referéndum ilegal en Cataluña a un año y ocho meses de inhabilitación y a pagar una multa de diez meses con una cuota diaria de 200 euros, que suman un total de 60.000 euros.
Mundó pasó un mes en prisión y fue puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de 100.000 euros en diciembre de 2017. Durante el juicio del procés, el exconseller se devinculó de la organización del 1-O, de las leyes de referéndum, de las movilizaciones del 20-S y de la DUI. De hecho, no contestó a las preguntas relacionadas con estos asuntos, argumentando que no guardaban relación con los delitos de los que estaba acusado.
El exdirigente de ERC aseguró en su declaración que "atendió" en todo momento a los requerimientos del Constitucional para suspender el 1-O, negando que gastara dinero público en el referéndum. "No era mi opinión la que determinaba lo que se tenía que hacer o no (...) Desde el 15 de septiembre de 2017 no realicé ningún acto o disposición para incumplir esos requerimientos", apuntó durante el juicio.
En su última intervención en el juicio del procés habló de un "fracaso colectivo" porque "una cuestión que tiene origen en una base de naturaleza claramente política se ha convertido en un juicio penal".
En este sentido, declaró que estaba "seguro de que estamos a tiempo de buscar caminos que nos acerquen a las soluciones (...) Es mi deseo que el resultado de la sentencia que tiene que dictar este tribunal también contribuya a ello".
"Diálogo, negociación y pacto"
Tras ser puesto en libertad provisional a finales de 2017, Ana Pastor le entrevistó en exclusiva ante las cámaras de El Objetivo. El exconseller aseguró que en el programa de Esquerra Republicana aparecía "la voluntad de negociar y el elemento de bilateralidad". En este sentido, señaló que su objetivo era "el diálogo, la negociación y el pacto".
Durante la entrevista también se pronunció sobre la marcha de Carles Puigdemont y algunos exconsellers a Bruselas. "Cada uno decidió de forma personal, yo en ningún momento me lo planteé", aseguró.
El exconseller de Justicia estaba acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía, que pedían para él siete años de prisión y multa de 30.000 euros. Por su parte, la acusación popular de Vox sumó el delito de organización criminal, por lo que reclamaba 24 años de cárcel.