El Tribunal Supremo ha condenado a la expresidenta del Parlament catalán a 11 años y seis meses de prisión por un delito de sedición en la sentencia del juicio del procés por la organización del referéndum ilegal y la DUI de 2017.

Concretamente, la sentencia dicta una pena de 11 años y seis meses de prisión o otros tantos de inhabilitación absoluta, con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegida para cargo público durante el tiempo de su condena.

Se descarta en su caso el delito de malversación y es condenada por un delito de sedición, aunque su pena es un año mayor que la de Joaquim Forn y Josep Rull, condenados por los mismos motivos.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Cataluña que se encuentra en prisión preventiva desde el 24 de marzo de 2019 por su implicación en la celebración del referéndum en Cataluña del 1 de octubre, ha sido condenada a 11 años y seis meses de prisión de prisión.

Tras la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo en el Parlament en 2017, se aplicó el Artículo 155 de la Constitución, lo que provocó que fuera suspendida de su cargo, y se abrió una causa en el Supremo contra ella por presuntos delitos de rebelión y sedición.

"Jamás he alentado un acto de violencia"

En el juicio por el procés independentista, Forcadell aseguró que estaba siendo juzgada por su "trayectoria política", y añadió: "Por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos". La expresidenta del Parlament declaró que en la cámara no podía haber censura, que las resoluciones fueron "políticas" y "no tenían trascendencia jurídica y que "renunciaría" a sus convicciones si ello comportase un ápice de violencia: "Jamás he alentado un acto de violencia".

En este sentido, negó haber hecho llamamientos a la ciudadanía para ir a votar el 1 de octubre y rechazó que la Mesa del Parlament tuviera intención de desoír al Constitucional, órgano judicial que, según su declaración, está "politizado". Sobre la decisión del Parlament matizó: "Era nuestra obligación defender la libertad de expresión y la soberanía del Parlament del Cataluña. La palabra debe ser libre".

"La Mesa del Parlament siempre ha valorado y tenido en cuenta los derechos fundamentales: libertad de expresión, pluralismo político, iniciativa parlamentaria... pueden cambiar los magistrados, pero no los derechos fundamentales", apuntó durante su declaración en el juicio.

Forcadell estaba acusada de un delito de rebelión por parte de la Fiscalía, que reclamaba para ella una pena de 17 años de prisión. Por su parte, la acusación solicitó 10 años de cárcel por un delito de sedición; y la acusación popular, representada por Vox, demandó 62 años de prisión para Forcadell por un delito de rebelión y organización de las leyes de conexión.