Los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la causa conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocerán la sentencia este martes, a partir de las 12,00 horas, en la misma sala judicial, donde han sido citados junto a sus procuradores.

Según han informado fuentes judiciales, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes, y será una funcionaria la que entregue la sentencia íntegra, compuesta por 1.700 folios, en un 'pen drive' y una copia del fallo en papel.

En concreto, a estos ex altos cargos la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Para su elaboración, el juez Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con periodos de dedicación exclusiva, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala.

Acusados de un delito de prevaricación y malversación

Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Angel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el exinterventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

Cinco años de instrucción

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Alvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

Por otro lado, según han confirmado fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia, sea absolutoria o condenatoria, acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.

A su término, tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.