Sobre si la nueva normativa limita el derecho de manifestación, Catalá ha asegurado que "no lo limita más allá de lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico". "Hoy no se pueden celebrar manifestaciones ante el Parlamento cuando está en periodo de sesiones y eso ya estaba en nuestro ordenamiento, eso está ya en la Constitución", ha explicado.
Tras asegurar que el Gobierno trata de garantizar una democracia plena, el titular de Justicia ha manifestado que "evitar desahucios no va a estar penalizado", pero que cuando un desahucio es la ejecución material que ha dado un juez, "que alguien se oponga al cumplimiento de una sentencia esta fuera de un estado de derecho".
"Me preocupa mucho incluso cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena, ha dicho Catalá, para añadir: "los desahucios es un tema muy importante socialmente, pero incumplir una sentencia judicial me resulta difícil que un demócrata diga que haya que hacer caso omiso de las sentencias y no ejecutar las ordenes que un juez ha dado". Por eso, ha considerado, tratar de impedir por la fuerza la ejecución de una sentencia de desahucio es "lógico" que tenga una sanción administrativa.
En cuanto a las críticas a varios jueces de la Audiencia Nacional que se encargan del caso Gürtel por haber ocupado cargos en el CGPJ y el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, el ministro ha dicho que los jueces se asignan a los casos "por reparto" y que esa asignación "no es caprichosa". Si alguien cree tener motivos para sostener que un juez "está contaminado", tiene a su disposición la posibilidad de recursarlo, pero que un juez que haya hecho un trabajo para un Tribunal Constitucional quede descalificado "es una barbaridad", ha opinado.
Sobre la reforma del Código Penal, que incluye la prisión permanente revisable, el ministro ha afirmado que "busca proteger mejor los derechos y las libertades de los ciudadanos".
Catalá ha destacado que se trata de una reforma "muy importante", fruto de un estudio durante más de dos años con catedráticos, jueces, fiscales y abogados, y que ha superado todos los trámites de informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado.