El Govern de la Generalitat ha anunciado una "ofensiva legislativa para blindar" la inmersión lingüísticaen la escuela catalana. También ha ordenado al cuerpo de inspectores educativos que intensifique la supervisión del cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros y comprobar que se imparten todas las clases previstas en catalán.
Lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaración institucional tras la segunda cumbre extraordinaria en el Palau de la Generalitat - junto con entidades sociales, culturales y asociaciones afines al modelo de inmersión en catalán- en respuesta al fallo del Tribunal Supremo (TS) que fijó un 25% de castellano.
"Si una clase de matemáticas está prevista en catalán, tiene que impartirse en catalán", ha declarado el president, considerando que hay que responder así "a las alarmas" según las cuales el uso del catalán en la escuela ha disminuido.
Para ello, la Conselleria de Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas en las que se aplique un 25% de educación en castellano tras sentencia judicial, para "preservar el proyecto lingüístico" del centro.
La forma jurídica de esta modificación se concretará en los próximos meses, como ha indicado el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.
El mismo día en el que se ha celebrado la cumbre por la lengua en el Palau de la Generalitat, doce entidades que piden que se cumpla la sentencia que obliga a impartir un 25 % mínimo de clases en castellano han anunciado que por su parte facilitarán a las familias formularios para constatar si los centros educativos catalanes cumplen con esta cuota lingüística.
Este mismo jueves, también la asociación de familias de la escuela de Canet ha publicado una carta rechazando que haya un movimiento de acoso a "ninguna familia" y lamentando haberse sentido "utilizados" por los partidos políticos, especialmente por los que han realizado declaraciones "incendiarias".