Ya hay tres comunidades que han dado un paso al frente para darle un nuevo uso al certificado COVID. Este, en un principio, solo nació para facilitar la movilidad del turismo internacional, pero el avance de la variante delta y el aumento de los contagios en nuestro país ha llevado a diversas regiones a dar un posible vuelco a nuestros planes de ocio.
En este sentido, en Cantabria y Galicia la medida ya es una realidad. En los municipios donde la incidencia acumulada es más alta, los ciudadanos deben presentar un documento que acredite haber recibido la inyección, haber dado negativo en una prueba o haber pasado la enfermedad en un plazo no superior a seis meses.
En el aire está la situación de Andalucía, donde la Junta ha decidido dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia su ratificación. Concretamente, el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno tenía en sus planes exigir el certificado en pubs y discotecas esta misma semana, pero finalmente ha decidido recular ante las dudas jurídicas que han planteado desde Sanidad.
Por su parte, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado a favor de pedir el documento. Aun así, enmarca esta restricción en una decisión que debe tomarse de forma unitaria, y descarta su aplicación inmediata. "Yo creo que esto, en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente", lanzaba el pasado lunes.
Ahora bien, ¿cómo se materializan todos estos movimientos en tus vacaciones? ¿Va a extenderse la solicitud del certificado COVID al conjunto del país?
No hay planes de aplicarlo a nivel nacional: los municipios en los que exigen el certificado
La realidad es que cualquier persona que viaje a Galicia o Cantabria puede ser sujeto de esta medida. En el caso de la primera, a día de hoy, hay 36 municipios sujetos al pasaporte COVID; 9 de ellos, en alerta máxima:Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, O Grove y Sanxenxo. En estas se exige el certificado para acceder al interior de la hostelería, cuyo aforo solo puede alcanzar un 30%.
En Cantabria el número de poblaciones afectadas es mayor. Santander, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Cabezón de la Sal, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, San Vicente de la Barquera, Campoo de Enmedio, Val de San Vicente, Noja, Alfoz de Lloredo, Arnuero y Potes son los destinos afectados.
La cuestión es que, más allá de estos municipios, el certificado COVID no forma parte de los planes del Gobierno. Al menos, al corto plazo: la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, fue clara en este sentido.
Solo cuando se alcance la ansiada inmunidad de grupo podría barajarse a nivel nacional, aunque el Ejecutivo también recalca que nuestra situación no es la de otros países, como EEUU, donde hay un alto porcentaje de personas que no quieren vacunarse. En España los datos muestran que sí ha tenido éxito la concienciación por la vacuna, un hecho que hace posible que la medida nunca llegue a mayores.
Varias CCAA están en contra: problemas éticos y jurídicos
A pesar de que implementar el certificado COVID como una restricción al ocio ha ganado fuerza entre algunas regiones —cabe recordar que Canarias también lo aplicó, pero la Justicia decidió tumbar la medida—, hay otras tantas regiones que se muestran contrarias.
La Comunidad Valenciana aboga, ante todo, por poner el foco en la vacunación, completarla y evitar que se cometa un error desde "una perspectiva de equidad". Una senda que también ha compartido Catalunya, que rechaza poner en ventaja a quienes han recibido la inyección frente a los que todavía no han tenido la oportunidad.
Y es precisamente el término empleado por el Gobierno presidido por Ximo Puig el que ha servido como uno de los argumentos más fuertes para rechazar el certificado COVID. La "equidad". Porque en última instancia, la decisión sobre cuándo vacunarse no depende de la ciudadanía.
"No hay una ley que obligue a vacunarse, es una cuestión problemática jurídicamente"
El Gobierno ya resaltó que el paraguas jurídico bajo el que está el certificado COVID no es, ni mucho menos, para bares, restaurantes o discotecas. Es para viajar, y el hecho de que pueda ser aplicado de forma contundente en todo el país implicaría una suerte de obligatoriedad que, actualmente, no puede ser aplicada.
En esta línea, el magistrado Joaquim Bosch reconoció ayer en 'Más vale tarde' las dificultades que hay para imponer el pasaporte COVID: "Es una cuestión muy problemática jurídicamente porque no hay una ley que regule esta cuestión. El parlamento francés sí lo ha hecho con amplio debate en el parlamento y protestas en las calles", recordaba el experto.
Así, para el juez, la medida puede vulnerar los criterios de idoneidad y proporcionalidad, ya que hay gente que no se ha vacunado porque no se le ha ofrecido. Tampoco está claro que las personas inmunizadas no puedan contagiar. "No hay una ley que obligue a vacunarse. Sin esa obligación es complicado que haya diferencias de trato entre quienes no se han vacunado", aseveraba.
Dudas a nivel epidemiológico
Pero la naturaleza jurídica no es el único escollo al que se enfrenta esta medida. Diversos expertos han resaltado con anterioridad que el pasaporte COVID no es sinónimo de protección. De hecho, como relataba el inmunólogo Alfredo Corell a laSexta, estar vacunado no implica estar exento de la enfermedad, y ni mucho menos ser incapaz de contagiarla.
También José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, argumentaba este martes en Al Rojo Vivo que, desde el punto de vista de la salud pública, "no hay garantías al 100% de que una persona con PCR negativa no pueda estar infectada". Es decir, "no es posible garantizar espacios 100% libres de COVID".
También este experto recogía los problemas jurídicos: "Hay dudas desde el punto de vista legal. Hemos visto la decisión del Tribunal Superior de Justicia Canario, y no tengo claro que al sector le parezca correcta esta medida", incide.
De este modo, aquellas personas que tengan en mente alguna escapada este verano, o simplemente quieran disfrutar de la hostelería en su región, deberán saber que, en estos momentos, en la gran mayoría de municipios de España es posible acceder al interior de los locales.
Aun así, se recomienda prestar especial atención a las restricciones de cada región, debido a que en algunas todavía está establecido el toque de queda, como Cantabria, Cataluña o la Comunidad Valenciana, así como los máximos de grupos.